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A propósito del controvertido “Informe Final” de la CVR Conclusiones parcializadas,
Périsse l’Univers, pourvu que je me venge |
La difusión, hace algunas
semanas, del llamado “Informe Final” expedido por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR) sobre los años del terrorismo en el Perú ha causado
honda conmoción pública, levantando de inmediato fuertes
objeciones que, con el paso de las semanas, lejos de disminuir han
ido creciendo en peso y contundencia, a medida que
quedaban al descubierto sus carencias y su
parcialidad.
Un
reabrir de heridas que desconcierta al país
Han transcurrido poco más de dos décadas desde que el Perú comenzara
a ser asolado por un ataque comuno-terrorista –cuya saña y perversidad genocida exceden
a todo calificativo– y casi una década desde que la subversión fuera, en lo esencial,
derrotada por las fuerzas del orden.
Es un pasado demasiado reciente para que las
heridas entonces abiertas –tanto por la agresión terrorista, como por actos
ilícitos cometidos en defensa del orden constituido– cicatrizasen del todo; y
por ello, quien verdaderamente desea la paz social debe actuar con mucho tacto
al abordar ese infausto capítulo de la vida nacional.
Sin embargo, precisamente
cuando la Nación ingresa al nuevo milenio, ansiando por nuevos horizontes de
orden y paz, de estabilidad y grandeza, irrumpe el informe de la CVR, cuyo
efecto inmediato ha sido abrir, no las vías de concordia y armonía que el país
anhela, sino las heridas que se iban cerrando, al reavivar una discusión sobre
los excesos en la represión tan injusta como inoportuna.
¿Quién fue el principal responsable de la
escalada terrorista?
En efecto, en sus “Conclusiones” el Informe
reclama para las víctimas de la violencia una reparación, de la cual una
“parte esencial” sea el “ejercicio efectivo de la justicia”,
incluyendo en ésta “el justo castigo a los perpetradores y el consiguiente
fin de la impunidad” (Nº 168).
Ahora
bien, si de reparación se trata, lo primero que es preciso recordar –y es lo que
se ha dicho de forma absurdamente genérica, y por tanto injusta– es que la
enorme y chocante impunidad de que el terrorismo gozó durante más de una década
(1980-1992) se debió no sólo a que el Estado se abstuvo de reprimirlo
debidamente [1], sino también a
que numerosos eclesiásticos y políticos lo trataron con una indulgencia
incomprensible, cuando no lo aplaudieron directamente, y a que importantes
órganos de prensa –los mismos que hoy apoyan incondicionalmente a la CVR– se
mostraron átonos ante él.
El
Informe no señala debidamente, por ejemplo, que cuando el senderismo inició su
escalada criminal, el Gobierno de entonces llevó su incuria al extremo de
afirmar que se trataba de simples “abigeos”, a
pesar de saber perfectamente que eran terroristas;
que en muchos casos, cuando uno de esos criminales era apresado, poco tardaba en ser
liberado por autoridades cómplices; que numerosos sacerdotes y hasta
obispos apoyaron al marxismo, exaltando la violencia revolucionaria que éste inspiraba;
que ciertos medios de prensa –sobre
todo un importante diario de la Capital– publicaban habitualmente las noticias
de las masacres en los Andes con menos realce que el que daba a materias
absolutamente irrelevantes [2], etc.
Esta impunidad inicial, fruto
de gravísimas omisiones y complicidades por las cuales los poderosos de entonces
deberán prestar cuentas ante Dios y la Historia, permitió que las marañas
terroristas se enquistasen y expandiesen clandestinamente en las clases pobres,
en los claustros universitarios, en los sindicatos, en las periferias urbanas,
en la sierra y en la selva, llegando a realizar, sin ser importunados, desfiles desafiantes
a metros de la Casa de Pizarro, y recibiendo del gobernante de turno el elogio
desconcertante de “jóvenes idealistas”.
Con tan
prolongada indulgencia ante el terrorismo, ¿se podría pretender después que
bastase un combate sumario y lleno de miramientos humanitarios hacia un
adversario inhumano, cruel hasta lo inimaginable, para desarticularle sus vastas
redes, capturar sus ideólogos, jefes y activistas y acabar con sus crímenes
salvajes, sin cometer errores ni caer en excesos, confusiones o
exageraciones?
La principal causa de que
ocurrieran excesos en la represión ha sido, pues, que ésta comenzó muy tarde,
debido a que el poder público exhibió ante la ofensiva marxista-terrorista
“la inoperancia de un psico-paralítico” [3]; y de esa manera,
lo que de inicio habría sido fácil combatir, después fue muy arduo derrotar,
pues eran muchos los cómplices y protectores y muchísimos los intimidados.
Omitiendo estas verdades fundamentales y exagerando con discutible sustento el
número de víctimas, lo que se insinúa de forma injusta es que miembros de las
Fuerzas Armadas y en el fondo las instituciones mismas serían culpables de
crímenes de terrorismo de Estado, lo cual tiende a llevarlas al banquillo de los
acusados.
El vigoroso alerta que no faltó
En ese silencio e inercia lamentables, una
voz se hizo oír repetidas veces en los años más candentes del terrorismo,
denunciando con valentía la indolencia que tantos perjuicios nos trajo y de la
que tanto se demoró en salir: el Núcleo Peruano Tradición
Familia Propiedad (TFP), de cuya actuación a favor de la
civilización cristiana nos honramos en ser los continuadores.
Especial resonancia tuvieron, en ese período,
los manifiestos de TFP publicados por la prensa y difundidos simultáneamente en
campañas en la vía pública, incluso exponiendo a los participantes de éstas a
represalias terroristas. Denunciando a la minoría marxista que pretendía imponer
medidas contrarias a los principios de la Civilización Cristiana (1983)
[4]; pasando revista
al proceso de descristianización sufrido por el país, que la dictadura
socialista llevó a extremos abismales [5]; advirtiendo en
publicaciones sucesivas sobre la incompatibilidad de la doctrina católica con el
proyecto presidencial de estatizar la banca, finanzas y seguros [6];
alentando el surgimiento de nuevos liderazgos al margen la política partidista [7]; interpelando,
tras la caída del Muro de Berlín, a los responsables por la mayor hecatombe
sociopolítica de la Historia, el comunismo [8]; solicitando a los
candidatos presidenciales definiciones sobre puntos de su ideario y programa de
acción en función de la doctrina católica [9]; señalando el deber de batallar contra el caos
revolucionario [10], etc., estos
documentos constituyeron una importante contribución para deshacer la confusión
y fortalecer la lucidez y la coherencia de la opinión pública en momentos
cruciales.
Una controversia malsana y contraproducente
En contraste con los elogios iniciales, tan
estridentes como fútiles, que el Informe recibió del mundo oficial y la prensa
adicta, la fuerte reacción contraria en la opinión pública muestra que el
verdadero Perú ve claramente que una reivindicación de justicia planteada así
nada aporta a la pacificación de los espíritus ni a la consolidación de la
tranquilidad que arduamente se ha recuperado. En vez de obtener la verdad y la
reconciliación, proclamando una falacia se propicia
una nueva confrontación.
Se diría que los autores del
Informe no previeron que, con el país inmerso en una profunda y devastadora
crisis moral, de constante y notoria repercusión en la vida política, tal
reivindicación puede ser fácilmente exacerbada por factores
pasionales como el odio, el resentimiento y el espíritu de venganza, lo que la haría
desbordarse peligrosamente de su cauce natural –el deslinde de responsabilidades penales–
para convertirse en una campaña dirigida a desacreditar y quebrar a nuestras
meritorias Fuerzas Armadas.
El “Informe Final” genera así una
controversia malsana y contraproducente, pues atiza animosidades sobreexcitadas,
algunas patentes, otras disimuladas, lo que no corresponde a las aspiraciones
profundas de la opinión pública: la “justicia” que el documento exige, al
contrario de las intenciones que alega, no abrirá camino a la reconciliación
sino que ahondará disensiones, porque sus autores ignoraron las raíces del mal
que presumen combatir.
Justicia extrema: máxima
injusticia
Al hablar de justicia no puede ignorarse, además, el principio resumido en el adagio Summum jus, summa injuria – “la justicia extrema es la máxima injusticia” [11]. No es justo ni sabio satisfacer un prurito de justicia hacia algunos, si con ello se perjudica el bien de todos. En este caso, exigir una justicia extrema contra los defensores del orden exasperará ánimos y atizará pasiones, los cuales, además de impedir la búsqueda de la concordia nacional en torno de los grandes ideales que deben unirnos, mantendrán a la sociedad en un estado de conflicto latente, endémico, que cualquier chispa podría reencender.
No ofende a la justicia, ni es contrario al
pensamiento de la Iglesia, dejar impunes en ciertas ocasiones eventuales
delitos. Es lo que enseña la doctrina católica, expuesta magistralmente por León
XIII, al señalar que la Iglesia “no se opone ... a la tolerancia por parte de
los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la
justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor
bien” [12]. En este caso el
mal mayor que debe evitarse es que se perpetúen las animosidades y revanchismos
inútiles y desestabilizadores, y el bien mayor que se debe alcanzar es la
consolidación de la paz interna.
De esta forma se practica la equidad, virtud
adjunta a la justicia que Santo Tomás de Aquino define como una “regla
superior de los actos humanos” [13] y que se ejercita
“en cosas no comunes y extraordinarias”, cuando el cumplimiento literal
de la ley en casos no previstos por el legislador pueda causar “perjuicios
graves, sea al individuo o la comunidad para la cual fue dada”. En tales
casos, aplicar la ley de manera irrestricta constituye una transgresión moral,
un “pecado contra la equidad y contra la justicia” [14].
En una perspectiva más amplia, León XIII
agrega que “no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe
permitir y dejar impunes muchas cosas que son, sin embargo, castigadas
justamente por la Divina Providencia” [15].
Lamentablemente esta juiciosa enseñanza, que
por lo demás corresponde a un elemental sentido común, no parece haber sido
entendida por la CVR, cuyo presidente se apresuró a exigir que se inicien
procesos penales sobre ciertos hechos de la lucha antiterrorista; y esto fue
seguido –en una cadencia muy parecida a los sketches de una pieza teatral
previamente calculada– por la apresurada entrega al Ministerio Público de varias
decenas de expedientes y del envío de múltiples cartas notariales vejatorias a
militares que participaron en la represión
anti-terrorista.
Llama la atención, por otro lado, la ruidosa
y teatral publicidad que se dio al “Informe”, incluyendo aparatosas
escenificaciones como la ocurrida en Huamanga, sobre todo en contraste con
investigaciones similares desarrolladas por otras instituciones como la Defensoría del
Pueblo y el Mindes (esta última recientemente concluida) [16], las
cuales mantienen la necesaria discreción y mesura “por respeto a las personas que
prestaron sus testimonios o han brindado su colaboración” [17].
Conclusiones
impregnadas de parcialidad ideológica
No puede extrañar el afán
enjuiciador de la CVR, puesto que sus integrantes han sido en su mayoría –cosa
que sí extraña bastante– oriundos de la izquierda marxista y de la versión religiosa de
ésta, la “teología de la liberación”, tantas veces indulgentes hacia el
terrorismo que la Ley divina y las leyes humanas mandan rechazar.
Esto hacía prever las
conclusiones parcializadas a que la CVR llega, impregnadas de prejuicios
ideológicos, y por eso mismo totalmente cuestionables: en el abordaje de los
problemas sociales desde una perspectiva igualitaria (Nºs. 6, 32, 136); en la
parcialidad a favor de las ONGs en general y de una de ellas en concreto (Nºs.
145-148); en la presunción implícita de que el terrorismo genocida sería una
fuerza beligerante según los convenios de Ginebra (Nºs. 28, 34), pese a ser
evidente que no lo es en absoluto; en la crítica curiosamente detallista a la
estrategia usada por los grupos políticos de izquierda –sobre todo la Izquierda
Unida– ante la violencia, que bien analizada más parece una “autocrítica” al estilo
leninista (Nºs. 105-113, 136); en las deformaciones semánticas que adulteran el sentido de
ciertas palabras, como cuando llama “mártires” a los periodistas muertos por
campesinos de Uchuraccay (único caso en que la CVR emplea ese calificativo, sin
dárselo en ningún momento a los verdaderos mártires, que son los numerosos
Sacerdotes y fieles católicos muertos por el terrorismo in odium fidei –
Nº 149); o cuando encubre a ciertas ONGs refiriendo que en los años 80 éstas
“zanjaron” con las organizaciones de fachada del terrorismo (Nº 146), en
vez de usar la palabra adecuada: complicidad; etc.
La parcialidad de la CVR se
revela sobre todo en el ataque gratuito, liviano y groseramente injurioso que
lanza contra prelados de la Iglesia Católica (Nº 142), cuya labor pastoral la
extrema izquierda impugna acerbamente.
Ya resulta desconcertante que
simples laicos –algunos de los cuales ni siquiera son católicos practicantes–
pretendan emitir juicio en materia de naturaleza puramente eclesiástica, como lo
es la acción pastoral. Pero desconcierta más aún que los autores del Informe,
tan afanados en recoger miles de testimonios por todo el país, sin embargo,
¡ni siquiera se dignaron oír a los Obispos cuya actuación
cuestionan! Con ello han violado la más
primaria norma de equidad jurídica, audiatur et altera pars – “sea
oída también la otra parte”.
De los prelados así relegados
solamente uno, el anterior Obispo de Ayacucho –hoy Arzobispo de Lima y Cardenal
Primado del Perú– recibió una solicitud de entrevista de la CVR, pero... ¡tres
días antes de la publicación del informe!, es decir, cuando éste estaba
prácticamente concluido. O sea, vejamen sobre vejamen.
Salta a la vista lo que este
procedimiento tiene de grosero e inicuo, y más aún al ser empleado contra la más
alta investidura de la Iglesia Católica en el país. Es un hecho simplemente
inexcusable, y descalifica a priori el injurioso cuestionamiento. Sin
embargo, interpelado sobre esa torpeza verdaderamente asombrosa, el presidente
de la CVR procuró minimizarla y eludir su responsabilidad, aduciendo que se
trató de un mero desliz: “nos equivocamos” [18], y
excusándose de presentar disculpas a la altura. Esto es simplemente inadmisible;
tanto más que, existiendo una relación institucional entre el Arzobispo de Lima y el
presidente de la CVR, que son respectivamente Gran Canciller de la Pontificia
Universidad Católica y Rector de la misma, ¿puede creerse que este último no
haya tenido oportunidad de entrevistar al primero, antes de admitir
inculpaciones contra él?
En verdad, la
acusación a esas Autoridades eclesiásticas sin haberlas oído sólo tiene una
explicación: fue deliberada. Y muestra claramente que la
CVR empleó en el caso dos pesos y dos medidas, escuchando a testigos que le
convenía y excluyendo a los que no le convenía, exigiendo para algunos una
justicia que ella niega a otros. Lo cual vale como muestra del género de
“investigación” desarrollada: es decir, falseada de antemano, tendenciosa, y en
definitiva inválida.
La inconsistencia y torpeza de todo esto
realmente asombra, trayendo a la mente el lamento del
Salmista: Infixus sum in limo profundi, et non est
substantia (“Estoy inmerso en un lodazal profundo, y no hay substancia”...
– Sal. 68, 3).
Éste no fue el único caso. Los
testimonios de otros testigos llave del genocidio senderista, como los integrantes de los
Comités de Autodefensa.
Las cifras de víctimas, un “wishful thinking”
Lo mismo puede decirse de las cifras que la
CVR presenta sobre víctimas de la violencia, las cuales duplican gratuitamente
las presentadas por entidades públicas y privadas a lo largo de los últimos años
(69 mil contra 28 a 35 mil), sólo con base en meras proyecciones especulativas,
siendo así perfectamente cuestionables [19].
En este caso la CVR usa el método de aumentar
de modo puramente conjetural la cifra de víctimas y, con base en ésta, aumentar
paralela y desmesuradamente el número de muertos atribuibles a las Fuerzas
Armadas, con el claro propósito de hacer aparecer a éstas como masacradoras de
civiles inocentes. La tendenciosidad de tal estimación es evidente, y se suma a
serias deficiencias de método: por ejemplo, no se identifica a los presuntos
desaparecidos; no se examina cuántos de éstos –suponiendo que fueran reales–
serían personas que prefirieron irse a vivir ocultamente en otras partes a fin
de huir de venganzas, represalias, etc. Lo cual lleva a cualquier estudioso del asunto a concluir
que dichas cifras carecen de asidero científico, y no pasan de un wishful
thinking.
Irresponsabilidad
y desconsideración hacia el bien común
Si este reabrir de heridas a
propósito de la lucha contra-subversiva asombra por lo unilateral, desconcierta
más aún por haberse producido en un momento tan delicado como el que vive el
país, cuando, junto a una institucionalidad aún débil, se verifica un
resurgimiento del terrorismo senderista en varios rincones de nuestro
territorio.
Éste sería el momento de crear
una atmósfera de renovada comprensión y aprecio por las Fuerzas Armadas,
encargándoles de extinguir los brotes terroristas antes que desaten un gran
incendio nacional, y concitando hacia esa lucha el apoyo unánime del país. Sin
embargo, vemos lo contrario: se explota publicitariamente el Informe, escamoteando
la realidad e invirtiendo los papeles: a quienes defendieron la sociedad agredida se los
muestra como represores, mientras a los subversivos se los presenta casi como
inocentes “equivocados”, e idealistas dignos de benevolencia y conmiseración;
pues en la perspectiva marxista el “idealismo” sólo existe en los demoledores
del orden constituido, nunca en sus defensores.
Y esto ocurre justamente cuando arrecia una
campaña internacional revolucionaria para desmoralizar y debilitar las
instituciones militares de los países americanos, como paso previo a la revancha de
nuevas aventuras subversivas [20], lo que impone
preguntarse si hay nexos entre ambas orquestaciones, la nacional y la
internacional.
En suma, es una
irresponsabilidad y una grave desconsideración hacia el bien común desatar una
controversia que nuestra sociedad de ningún modo desea reabrir, en momentos en
que la frágil institucionalidad del país busca
consolidarse.
Actuar con sabiduría, cordura y equidad
Así, tras la publicación de
este “Informe” tan extemporáneo como errado, en el cual el gran olvidado es el
bien común, Tradición y Acción por un Perú Mayor, actuando en defensa de la
Tradición católica, de la Familia cristiana y de la Propiedad privada en nuestra
Patria, hace un llamado a todos los peruanos, para que en esta hora sepamos
actuar con cordura, equidad y sabiduría, teniendo sobre todo en vista
que:
a) Hay un bien mayor en juego,
que es también un componente esencial del bien común: la concordia y estabilidad
de la Nación;
b) Si para alcanzar ese bien mayor se
sacrifica un bien menor –la clarificación de prácticas ilícitas durante un
estado de conmoción interna– tal sacrificio no sólo es razonable sino justo y
conveniente, constituyendo en determinados casos una necesidad y hasta un deber.
Lo que no es así cuando se sacrifica un bien mayor para obtener uno
menor.
Por ejemplo, ciertos hechos moralmente
censurables cometidos en guerras justas –como en la de 1939-1945 contra el
nazismo– fueron mantenidos en secreto durante varias décadas por los Estados que
los practicaron, para sólo ser revelados cuando el paso del tiempo permitiera
juzgarlos sin pasión en una perspectiva histórica, y cuando la revelación ya no
lesionara intereses vitales del respectivo Estado.
En el caso en vista, el bien
mayor supone la tranquilidad pública, como la anhela la sociedad peruana.
Defraudar ese deseo por un afán punitivo particular sería no sólo mezquino e
injusto, sino imprudente: en una época conturbada como la nuestra, quien, sin
más, revive conflictos aún latentes, marcados por agrias discordias y
animosidades profundas, está jugando con fuego. Pues resulta obvio que la
controversia generada por el Informe excita pasiones –como ya está
ocurriendo– e incluso las sobreexcita; y de la pasión sobreexcitada a la
reincidencia en actitudes violentas, contrarias a las leyes de Dios y de los
hombres, hay sólo un paso.
Tradición y Acción por un Perú Mayor espera
que estas consideraciones contribuyan a ordenar, serenar y elevar la peligrosa
controversia en curso, notoriamente miope y agitada. Y ruega a la Santísima
Virgen del Rosario, Patrona del Perú, que a todos conceda lucidez, cordura y
responsabilidad, para que nuestra sociedad sea preservada de la
desestabilización revolucionaria que aflige cada vez más al mundo
contemporáneo.
Lima, 29 de septiembre de 2003
Fiesta de San Miguel Arcángel
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Teléfono: (51-1) 264-5151 |
e-mail: tfpperu@tsi.com.pe |
Notas.-
[1] El Informe alude
en sus “Conclusiones Generales” a esta omisión del Estado, pero de manera
totalmente insuficiente: pues de un lado omite señalar que la desidia de los
Poderes constituidos no fue solamente una causa del crecimiento del
terrorismo, sino la principal y la más
grave de todas; y además, diluye en atenuantes la pesada responsabilidad que
le cabe a los gobiernos de entonces en la escalada terrorista (cfr. Nºs. 38, 70,
79-80, 89-90).
[2] El Informe alude a este papel de los
medios, pero sin mostrar debidamente su gravedad intrínseca.
[3] Cfr. Núcleo Peruano Tradición Familia
Propiedad, manifiesto El Perú: la historia del encarcelado..., “El
Comercio”, 30-8-84; “Expreso”, 26-9-84.
[4] Reflexiones sobre la última
contienda electoral, “El Comercio”, 3-12-83; “Correo”, 4-12-83; “Expreso”,
19-12-83.
[5] El Perú: la historia del
encarcelado en torno de quien se reconstruyen las paredes de la prisión,
“El Comercio”, 30-8-84; “Expreso”, 26-9-84.
[6] Franca y respetuosa exposición
de la realidad peruana... “El Comercio” y “Expreso”, 3-9-87; “Correo”, 6-9-87; “El Sol”,
19-9-87; 2 Obispos y 129 Sacerdotes adhieren a la carta de la TFP al Presidente...,
“El Comercio” y “Expreso”, 4-9-87, “Correo”, 7-9-87; Director de la TFP recibe
esclarecedora carta del Excmo. Obispo de Tacna..., “El Comercio” y
“Expreso”, 1-10-87, “Correo”, 3-10-87.
[7] “El Comercio”, 24-6-89;
“Expreso”, 29-6-89.
[8] “Expreso”,
16-4-90.
[9] Carta Abierta al candidato a
la Presidencia Don Alberto Fujimori – La índole del régimen democrático pide que cada
candidato defina públicamente sus principios, proyectos y criterios de acción,
“El Comercio” 3-6-90, “El Pueblo” 8-6-90; Carta Abierta al candidato a la Presidencia
Don Mario Vargas Llosa – La Modernidad de ayer –el comunismo– es el arcaísmo de hoy. ¿En qué
consiste la modernidad de hoy que Ud. quiere para el Perú?, idem, ibid.
[10] La disyuntiva actual del Perú:
combatir el caos o dejarse penetrar por él, “Tradición Familia Propiedad”, Nº 15-A,
octubre 1992.
[11] Cicerón, De Officiis I, 10. 36.
[12] León XIII, Encíclica Libertas
Praestantissimum, IV, La Tolerancia, BAC, Documentos Políticos, Madrid, 1958, p.
253.
[13] Afirma
al respecto Santo Tomás de Aquino: “Por ser los actos humanos, sobre quienes
recaen las leyes, singulares y contingentes, a la vez que variables en sus
infinitos modos, no es posible instituir una ley absolutamente universal. Los
legisladores atienden para establecer sus leyes a los datos ordinarios, por lo
cual puede suceder que alguna vez se equivoquen y atenten contra la justicia y
el bien común, cuyo fomento intenta precisamente la ley. Así, por ejemplo, la
ley manda devolver lo ajeno, lo cual de ordinario es justo. Puede, sin embargo,
ser perjudicial en algún caso concreto, a saber, devolver el puñal que abandonó
un demente cuando le da un ataque de ira o también devolver a un traidor el
capital que exige para seguir impugnando a su patria. En tales circunstancias
es pernicioso lo establecido por la ley, y es conveniente seguir, por encima de
la letra, lo que dicta la razón justa y el bien común”. Y añade: “La
epiqueya [equidad] no pasa por alto lo justo en su noción universal, sino
lo justo establecido en una ley particular. Ni tampoco es opuesta a la
severidad, que cumple la ley en su verdadero rigor cuando se debe. En
cambio, cumplir la letra de la ley cuando no se debe, es pecado
[vitiosum est]” (Santo Tomás de
Aquino, S. T., II-II, q. 120; destaques nuestros; ver también q. 51 y
art. 6 de la q. 58, y Comentario a la ‘Ética a Nicómaco’ de Aristóteles,
Cap. V; Suárez, De Legibus,
L. VI, cap. 7, n. 8; Báñez, De iure
et iustitia
, I, 58, a. 8; Compendio
Moral Salmanticense, III, V).
Santo Tomás deja claro también que la aplicación de la equidad
o epiqueya por regla general no corresponde a los jueces, sino al gobernante.
[14] Beato
Francisco Palau y Quer, O.C.,
Catecismo de las Virtudes, in Escritos, Editorial Monte Carmelo,
Burgos, 1997, pg. 318.
[15] León XIII, Encíclica Libertas..., idem nota
11.
[16] Cfr.
Terrorismo senderista causó más víctimas, “Expreso”, 27-8-03.
[17] Defensoría hará
seguimiento... “El Comercio”, 2-8-03, pg. A4.
[18] Cfr. ACI Prensa, 31-8-03
y 2-9-03.
[19] El método de “inflar”
cifras de víctimas no
es nuevo, y a él son muy afectos los difamadores de todos los tiempos. Por
ejemplo, el pionero de la leyenda negra antiespañola, el famoso fray
Bartolomé de Las Casas, llegó a acusar a los conquistadores ante la Corona
española por haber matado, sólo en la isla Española (Santo Domingo) a más de
tres millones de indígenas. Pero hoy está plenamente comprobado que en el mejor
de los casos vivían en dicha isla doscientos mil indios, y más probablemente, de
acuerdo al renombrado demógrafo Angel Rosemblat, a la llegada de los españoles
la población isleña oscilaba entre un mínimo de 50 mil y un máximo de 100 mil
habitantes. Por eso, hoy en día Las Casas está enteramente desacreditado ante
todos los historiadores serios, que coinciden en considerarlo más bien un
desequilibrado mental, afectado de una dolencia específica, el “delirio
paranoico” (cfr. Alejandro Ezcurra
Naón, Cristiandad Auténtica o revolución comuno-tribalista, la gran
alternativa de nuestro tiempo, Ed. Fernando III el Santo, Madrid, 1993, pp.
60-63).
[20] Cfr.
informe Las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, en la actual coyuntura..., revista “Tradición
Familia
Propiedad Informa”, Buenos Aires, Número especial 46-47, julio-agosto de 1995, pp.
2-27.
