Las organizaciones de la Campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más! exhortamos al Estado Mexicano a que frene la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y el hostigamiento que sufren familiares de las víctimas y defensoras de derechos humanos.

 Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, continúan. Son más de 270 mujeres las que han sido asesinadas y más de 500 las desaparecidas desde 1993. El clima de violencia e impunidad sigue creciendo sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas para terminar con esta situación.

 A pesar de que durante la visita de Marta Altoaguirre, la Relatora sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tanto el Gobierno Estatal como el Federal e incluso el Municipal se comprometieron a realizar una serie de acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, hasta el momento no han cumplido con dichos compromisos, mismos que fueron ratificados en la audiencia realizada ante la CIDH en marzo del año en curso y por el contrario siguen teniendo una actitud negativa o de indiferencia que ha afectado el ambiente de la Ciudad.

 El Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres y en coordinación con el Gobierno el Estado de Chihuahua, se comprometieron a instalar una Mesa Interinstitucional en marzo del presente año, la cual tendría la participación de varias instancias de todos los niveles de gobierno (la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de las Mujeres; las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación y Trabajo; la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de Equidad y Género del Senado y la Cámara de Diputados) así como de organizaciones de la sociedad civil, y que tendrían dos ejes de trabajo: el análisis de las irregularidades en la investigación de los casos y la creación de políticas públicas para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Hasta el momento la mesa no ha sido instalada, lo que denota la falta de voluntad política de todas las instancias involucradas para atender las causas de la impunidad y la denegación de justicia que sufren las mujeres.

Por otra parte, el Congreso Federal atendiendo a esta grave situación, creó en noviembre del año pasado una Comisión Especial al interior de la Cámara de Diputados la cual tenía como mandato el estudio de las irregularidades en la investigación de los casos. Esta comisión todavía no ha realizado ninguna acción concreta para cumplir con su cometido y no se han mostrado intenciones de hacerlo. Mientras tanto la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores Federales, han mostrado su aquiescencia frente a estos actos al no tomar medidas para terminar con esta situación. Y por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sigue sin responder al cuestionamiento que ha hecho esta Campaña acerca del seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 44/98.  

Aunado a lo anterior, recientemente ha quedado de manifiesto de nuevo la ineficaz, parcial y negligente actuación de las autoridades en la investigación de los crímenes, tras el escándalo de las pruebas que le fueron sembradas a Vicente Cárdenas para inculparlo del homicidio de una mujer en abril del presente año; la incongruencia y desinformación respecto de las pruebas de ADN realizadas a cinco de los ocho cuerpos encontrados en noviembre; y el nulo avance en la investigación de los casos.

En este contexto de impunidad y desconfianza en las autoridades, familiares de algunas de las mujeres asesinadas y miembros de organizaciones civiles han sido víctimas de hostigamiento y amenazas, tras haber denunciado públicamente las fallas del sistema de procuración e impartición de justicia en los casos de mujeres.

Por tal motivo, las organizaciones de la Campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más! nos encontramos sumamente preocupadas por el peligro que corren la vida e integridad física de estas familias y los/las miembros de organizaciones civiles, sobre todo porque el clima no es favorable para la presentación de las denuncias y porque el gobierno se ha visto reticente a implementar medidas de protección. Es por ello que, la falta de actuación del Estado Mexicano, lo hará responsable de cualquier atentado en contra de la vida e integridad física de estas personas.

 El Estado de derecho sigue resquebrajándose en Ciudad Juárez y miles de mujeres tienen que hacer frente a la violación de sus derechos humanos; mientras que las autoridades permanecen pasivas y se rehúsan a cumplir los compromisos públicos que han realizado y las acciones necesarias para poner fin a la impunidad en Ciudad Juárez y garantizar la adecuada procuración de justicia.

 Por todo lo anterior, exhortamos al Estado Mexicano a que realice las siguientes acciones para terminar con la impunidad en Ciudad Juárez y proteger a las familias y defensores de derechos humanos: 

1)      Al Instituto Nacional de las Mujeres y al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que instalen la Mesa Interinstitucional a la brevedad posible y brinden todas las garantías para que ésta sirva para determinar las irregularidades en la investigación de los casos y para implementar políticas que contrarresten la violencia hacia las mujeres.

2)      A la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República para que coordinen la implementación de todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de los familiares de las víctimas y las/los defens@res de derechos humanos.

3)      A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND) para que informe sobre el seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 44/98.

4)      Al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Gobierno Municipal para que creen las condiciones necesarias de seguridad y confianza para que se denuncien los actos de hostigamiento.

5)      A los Congresos, tanto Federal como Estatal, para que exijan el cumplimiento de los compromisos públicos de las distintas instancias gubernamentales, para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez.

6)      Al Estado Mexicano para que garantice el acceso a la justicia de las mujeres a través de:

-         Una investigación imparcial

-         Una adecuada integración de los expedientes con pruebas periciales fidedignas y realizadas a través de los métodos más sofisticados

-         La sanción de todos los responsables

-         La sanción y destitución de los funcionarios del sistema de procuración e impartición de justicia que han incurrido en violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los familiares de las víctimas

-         Una reparación integral del daño

7)      Al Estado Mexicano en su conjunto para que termine con la impunidad y la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez a través de políticas públicas y legislación especializada que permita la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres. 

Comité Promotor de la Campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derechos Humanos A.C.
MCTB Movimiento Cultural Techo Blanco
Grupo de Tecnología Alternativa S.C.
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Coordinadora de Organismos Civiles por un Milenio Feminista
Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional AFL-CIO
Mujeres Trabajadoras Unidas, MUTUAC-MAS
Red de Promotores de Educación Sexual SISEX
Sonia del Valle Lavín
Unión de Trabajadores UNT
Vereda Themis A.C.

Para mayor información: pornuestrashijas@hotmail.com 1