José Pérez-Espino
Saldo de 9 años de impunidad
José Antonio Cruz Villalpando, un mecánico
de 41 años, confesó haber asesinado a su esposa en 1993. Lo arrestaron apenas en
abril de 2002, pero un juez lo dejó de inmediato en libertad gracias a un
argumento inesperado: prescribió la acción legal en su contra.
No obstante, será procesado por posesión de mariguana, un delito menor muy
distinto al de homicidio, según informó El Diario de Juárez.
Así es de grave la impunidad en Ciudad Juárez. En nueve años, se han cometido
por lo menos 277 homicidios de mujeres, entre ellas 70 que nunca se
identificaron. Oficialmente, se consignó a 157 presuntos responsables ante un
juez, de los cuales 73 ya recibieron sentencia.
Pero hay un dato aterrador: al menos 109 asesinos están sueltos. El número
incluye a 90 no fueron identificados ni siquiera como sospechosos, según las
autoridades.
Los crímenes y la responsabilidad de las investigaciones han pasado por dos
gobernadores, cuatro procuradores, siete subprocuradores y siete fiscales
especiales. Han entrado y salido de Ciudad Juárez decenas de legisladores,
expertos, visitadores de organismos de derechos humanos...
Se han fabricado culpables, la propia policía mató al abogado defensor de un
sospechoso, se ha contratado a expertos extranjeros. El egipcio Abdel Latif
Sharif lleva seis años y medio preso y aún no se le dicta una sentencia
definitiva, aunque las autoridades lo señalan de ser el autor intelectual de
varios crímenes aún estando en la cárcel.
La historia los crímenes se repite ahora en Madera, Casas Grandes y en la ciudad
de Chihuahua. En lo que va del año se han registrado 14 homicidios más, tan sólo
en Ciudad Juárez. El pasado lunes 20 de mayo, el cadáver de otra niña de 13 años
fue hallado en una parcela del Valle de Juárez. Cuatro días después, las
autoridades informaron que la responsable del crimen fue una hermana de la
víctima, de 23 años, quien supuestamente actuó motivada por un ataque de celos:
la estranguló porque la menor sostenía relaciones sexuales con su amante de 37
años.
Este es el diario de un crimen colectivo.
Lunes 3 de mayo de 1993
Cerca de un canal de riego, a unos tres metros de la orilla, se halla el cadáver
de una mujer. Su cuerpo está boca abajo, cubierto por una toalla. El short que
vestía le fue bajado hasta las caderas, igual que la pantaleta. Era de tez
morena y de cabello oscuro. Está descalza, sin tierra en los pies, por lo que
pudo ser asesinada en otro lugar y luego llevada al sitio donde se le abandonó,
un paraje ubicado por el Camino a Ortiz Rubio, junto a la colonia Satélite.
Según la autopsia, murió un día antes de asfixia por estrangulamiento. Mostraba
golpes en el rostro y en el abdomen. No se le identificó. Tenía de 30 a 35 años
de edad y cinco meses de embarazo.
Domingo 8 de mayo de 1994
El cuerpo sin vida de Gladys Yaneth Fierro Vargas, de 12 años, se encuentra en
un sembradío de algodón, a la altura del kilómetro 4 del bulevar Gómez Morin, a
colonia Satélite. Fue estrangulada y violada. Se la llevaron por la fuerza un
día antes, cuando salió de un ensayo escolar. La última vez que la vieron con
vida fue en el trayecto de dos cuadras de la secundaria donde estudiaba, a una
parada del transporte público en avenida Vicente Guerrero y Monumento a Juárez,
en el centro de la ciudad.
Miércoles 9 de noviembre de 1994
El cadáver de una mujer no identificada es localizado en las tapias de un
edificio en construcción en la avenida Vicente Guerrero, entre Bolivia y
Uruguay. Los peritos calcularon que tenía unos 30 años y que murió por
estrangulamiento, después de ser violada. Su cuerpo estaba cubierto por una
cobija, vestía una falda roja, suéter color ladrillo y calcetas blancas. Tenía
tez morena y rasgos indígenas.
En dos años, entre 1993 y 1994, se cometieron 14 homicidios en circunstancias
similares. Cuatro víctimas eran menores de edad: de 11, 12, 13 y 16 años. La
prensa nacional todavía no le pone atención al caso. Tampoco las autoridades
judiciales.
EL CASO “LOTE BRAVO”
Sábado 19 de agosto de 1995
Un hombre que junta botes de aluminio encuentra el cadáver de Elizabeth Castro
García, de 17 años, en la hondonada de un terreno junto al kilómetro 5 del
bulevar Óscar Flores, a la altura del Parque Industrial Juárez. Tiene las
muñecas amarradas con las cintas de los zapatos. Viste pantalón de mezclilla
verde, blusa y calcetas blancas con rayas azules. La última vez que la vieron
con vida con vida fue el 14 de agosto, en avenida Juárez y Vicente Guerrero. Fue
violada y estrangulada.
Entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre, son localizados los restos de siete
mujeres, incluyendo el de Castro García. El caso cobra resonancia mundial:
En una brecha cerca de Granjas Santa Elena es hallado el cuerpo de Angélica
Márquez Ledezma, de 16 años, y de una mujer no identificada, asesinadas en
fechas distintas; en la zona desértica del Lote Bravo, estaba el cuerpo sin vida
de Silvia Elena Rivera Morales, de 16 años; en los llanos del Libramiento
Aeropuerto y carretera Panamericana la osamenta de una mujer no identificada.
Ahí cerca, en el predio Zacate Blanco, es abandonado el cadáver de Olga Alicia
Carrillo Pérez, de 20 años, y es encontrada una osamenta más.
Inexplicablemente, la investigación de los homicidios se encargó al Grupo
Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado, al mando de Francisco Minjares,
sin experiencia en la materia.
La averiguación se concentra en estos siete casos y se olvida de los 14
anteriores, pese a que son los mismos o están cercanos entre sí los lugares en
donde residían, donde trabajaban y en los que desaparecieron algunas de las
víctimas de 1993 a 1995: en el centro de la ciudad y en áreas aledañas a la
carretera al bulevar Óscar Flores y al Parque Industrial Juárez.
Miércoles 4 de octubre de 1995
El egipcio Abdel Latif Sharif Sharif es detenido por agentes de la Judicial del
Estado. Blanca, una joven de 19 años lo acusa de secuestrarla y violarla, pero
no ratifica su declaración ante un juez y los peritos no encuentran huellas de
abuso sexual en ella. Sharif es dejado en libertad, pero a través de una orden
ministerial y no de un juez, es arrestado de nuevo en un puente internacional,
cuando era deportado a Estados Unidos: la Procuraduría de Chihuahua lo señaló
públicamente de ser el responsable de los crímenes del Lote Bravo, aunque lo
acusó únicamente del homicidio de Elizabeth Castro Carrillo.
Tres años y medio después, el 3 de marzo de 1999, un juez condenó a Sharif a 30
años de prisión. Pero el 31 de marzo de 2000, un magistrado de segunda instancia
anuló la sentencia porque no hubo una audiencia de peritos ni se presentó una
prueba de ADN necesaria, por lo que ordenó reponer el juicio.
Sharif llegó a Ciudad Juárez el 14 de mayo de 1994 cuando tenía 50 años de edad,
procedente de Midland, Texas, según las autoridades judiciales. Es ingeniero
químico y vivía del producto de las patentes de procesos petroleros que inventó.
Lleva seis años y medio preso y aún no se le dicta una sentencia definitiva.
EL CASO “LOMAS DE POLEO”
Domingo 14 de abril de 1996
En un operativo realizado durante la madrugada en bares y salones de baile del
centro de la ciudad, la policía arresta mediante una orden ministerial a 10
integrantes de la banda “Los Rebeldes” y la señala públicamente de cometer ocho
crímenes.
Los detenidos son Sergio Armendáriz Díaz, “El Diablo”, de 26 años, identificado
como el jefe de la pandilla; además de Romel Omar Ceniceros García “Charly El
Chero”; Juan Jorge Contreras Jurado “El Grande”; Gerardo Fernández Molina, “El
Flaco”; y Carlos Barrientos, “El Bailarín”.
Un sexto integrante, José Luis Rosales Juárez, “El Sinaloa”, fue liberado en
1997 por falta de pruebas. Se refugió con una hermana en Dallas, Texas, pero fue
deportado en febrero de 2001 cuando se le revocó el auto de libertad por una
segunda instancia judicial.
Otros cuatro detenidos fueron después liberados por falta de pruebas en su
contra o por ser menores de edad.
Las autoridades responsabilizaron a “Los Rebeldes” de cometer el homicidio de
ocho mujeres, cuyos cadáveres fueron encontrados en el lapso de un mes, entre el
9 de marzo y el 7 de abril de 1995, en el caso llamado Lomas de Poleo:
El primer cuerpo, de una menor de entre 9 y 12 años, fue localizado en el
kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes. Murió acuchillada.
En el área semidesértica de Lomas de Poleo y Anapra, casi en la línea divisoria
entre Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Sunland Park, Nuevo México, fueron
localizados siete cadáveres:
El de Verónica Guadalupe Castro Pando, 16 años, quien murió acuchillada, así
como el de Rosario García Leal, de 17 años, quien fue estrangulada y mostraba
heridas con arma blanca. Cinco más, como el primer caso, no fueron
identificadas.
Formalmente, “Los Rebeldes” fueron acusados de cinco crímenes: el de Rosario
García Leal y el de cuatro mujeres que no fueron identificadas. Pero hasta la
fecha, seis años después, ninguno ha recibido sentencia por parte de un juez.
Según la Procuraduría de Chihuahua, el egipcio Abdel Latif Sharif ordenó y pagó
mil pesos por cada uno de esos crímenes para crear una coartada en su favor.
EL PÁNICO DE RESSLER
En junio de 1998, el gobierno de Chihuahua contrató los servicios del afamado
experto en asesinos seriales, el ex agente del FBI, Robert K. Ressler, ahora
consultor privado y asesor, por ejemplo, en la redacción del guión de la
película El silencio de los inocentes.
Ressler concluyó que tal vez operaban uno o más asesinos en serie y que el o los
asesinos podrían ser hispanos o estadunidenses que residen en El Paso y cruzan a
Ciudad Juárez a matar mujeres.
El investigador visitó algunos parajes solitarios y sin alumbrado público, por
las vías del ferrocarril, que por necesidad las obreras deben cruzar para
utilizar el transporte público. Se espantó y dijo que son tan inseguros que él
no se atrevería a cruzar por ellos, ni siquiera de día y armado.
El Gobierno del Estado le pagó 75 mil dólares. Los crímenes siguieron. En mayo
de 2002 regresó a dar una conferencia en una escuela de sicología, donde repitió
la misma versión.
LEGISLADORES Y COMISIONES VAN Y VIENEN
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 1998 la recomendación 44/98
titulada “Caso de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez y sobre la falta de
colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua”, a través de la cual denuncia las irregularidades cometidas
en las investigaciones y urge a establecer medidas para la protección de las
mujeres.
Por su parte, entre el 11 y 12 de mayo de 1998, en plena campaña electoral por
la gubernatura, un grupo de diputados federales integrantes de la Comisión de
Equidad y Género visitó Ciudad Juárez, expresando su alarma por las múltiples
desapariciones y asesinatos de mujeres. Se reunieron con familiares de las
víctimas, autoridades judiciales y ONG´s.
Diputados y Gobierno del Estado establecieron 16 compromisos públicos,
principalmente, el de encontrar soluciones para terminar con la violencia contra
las mujeres y aplicar las medidas de prevención necesarias entre el gobierno
federal, estatal y municipal. Se acabó la campaña electoral y los diputados se
olvidaron del asunto.
Casi cuatro años después, el 22 de noviembre de 2001, la Cámara de Diputados
aprobó la integración de una nueva Comisión Especial para dar seguimiento a las
investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, integrada por 12
legisladores de los diferentes partidos políticos.
La presidencia de la comisión especial, sin embargo, estuvo acéfala los
siguientes cuatro meses, hasta los primeros días de abril pasado, cuando se
nombró presidenta a la perredista Hortensia Aragón y se tomó el primer acuerdo:
solicitar la colaboración de la PGR en la investigación de los crímenes. El
Congreso de Chihuahua también integró su comisión especial para dar seguimiento
a las investigaciones.
“EL TOLTECA” Y “LOS RUTEROS”
Miércoles 17 de marzo de 1999
Nancy, de 14 años, quien obtuvo empleo en una maquiladora falsificando su acta
de nacimiento, viaja en una unidad de transporte público rumbo a su casa. Es la
última pasajera. De pronto, el vehículo se detiene y el chofer se abalanza sobre
ella, la golpea hasta dejarla inconsciente, le arranca la ropa y abusa
sexualmente de ella. La da por muerta y abandona su cuerpo en un lote baldío
cercano a las instalaciones de Pemex, sobre la carretera a Casas Grandes.
La adolescente sobrevivió al ataque y denunció a su agresor, a quien identificó
posteriormente: Jesús Manuel Guardado “El Tolteca”, quien huyó a Gómez Palacio,
Durango y fue detenido por la policía municipal de aquella ciudad después de
haber golpeado a su esposa provocándole un aborto. El jueves 1 de abril, en
Ciudad Juárez, fueron arrestados cuatro choferes más: Agustín Toribio Castillo
“El Kiani”, José Gaspar Ceballos Chávez “El Gaspy”, Bernardo Hernández Fernández
“El Samber” y Víctor Moreno Rivera “El Narco”, integrantes de la banda que fue
conocida como “Los Choferes” y “Los Ruteros”.
“El Tolteca”, su presunto líder, fue señalado de ser el responsable de 12
homicidios, luego de seis. Finalmente, la procuraduría lo consignó ante un juez
por el ataque sexual y tentativa de homicidio en perjuicio de Nancy.
Los otro cuatro integrantes de la banda fueron acusados de homicidio, violación
y asociación delictuosa en perjuicio de siete mujeres.
Según la procuraduría, “El Tolteca” es responsable de la muerte y violación de
Brenda Patricia Méndez Vázquez, de 14 años, asesinada el 25 de junio de 1998,
así como de una mujer cuyo cadáver fue localizado en los campos de futbol de
Pemex el 31 de enero de 1999 y cuyos restos fueron identificados por sus
familiares casi tres años después, en diciembre de 2001, según la fiscal
especial Zulema Bolívar, sin que se hubiera practicado la prueba de ADN. Su
nombre era Rosalbi López Espinoza y tenía 31 años. No estaba reportada como
desaparecida.
De nueva cuenta, el Gobierno del Estado acusó a Sharif de ser el autor
intelectual de los siete homicidios cometidos presuntamente por los choferes.
“Les ofrecía dos mil 500 dólares por mes, a cambio de las pantaletas de dos
mujeres asesinada por mes”, declaró el entonces secretario Gobierno, Víctor
Anchondo, quien operó como vocero del caso en vez de la procuraduría.
Victorioso, el gobernador Patricio Martínez declaró entonces: “No habrá ni una
muerta más en Ciudad Juárez: los crímenes están totalmente resueltos”.
EN LA ZONA DORADA
Miércoles 25 de abril de 2001
María de los Ángeles Acosta, de 19 años, es vista por última por las avenidas 16
de Septiembre y Francisco Villa, cuando se dirigía a la escuela de computación
Ecco, donde estudiaba por las tardes. Más de ocho meses después, las autoridades
localizan su cadáver junto a otros siete cuerpos encontrados entre el 6 y 7 de
noviembre de 2001, en un campo de algodón ubicado en Ejército Nacional y Paseo
de la Victoria, en la llamada Zona Dorada.
Los representantes de la procuraduría hallaron tres cadáveres el martes 6 de
noviembre. Al día siguiente regresaron y encontraron cinco más, en el mismo
sitio.
María de los Ángeles trabajaba en la maquiladora Phillips ubicada sobre el Eje
Vial Juan Gabriel. En esa empresa también trabajaban Rosario García Leal, cuyo
cadáver se localizó en abril de 1995, y Mireya Hernández Méndez, asesinada en
octubre de 1993, quien a su vez conoció en la misma planta a una hermana de la
niña Esmeralda Leyva, asesinada en noviembre de 1993, según la madre de la
menor. En la misma compañía laboraba, además, Martha Esmeralda Muñoz, ultimada
en enero de 1998.
Por los ocho crímenes de la Zona Dorada, las autoridades acusaron a dos choferes
de transporte público: Víctor Javier García Uribe, “El Cerillo” y a Gustavo
González Meza, “La Foca”.
El caso, sin embargo, se ha cuestionado por sus irregularidades: se comprobó que
los acusados fueron torturados, una testigo del caso declaró que los dos
choferes no son las personas a quienes ella vio arrojando un cadáver. El abogado
defensor de uno de ellos, Mario César Escobedo Anaya, fue muerto a tiros por
policías al mando del comandante de la Policía Judicial del Estado, Alejandro
Castro.
CHIHUAHUA: SE REPITE LA HISTORIA
Viernes 2 de marzo de 2002
Paloma Angélica Escobar Ledesma, de 16 años, salió de su casa después de las
tres de la tarde con rumbo a la escuela de cómputo Ecco, ubicada en la calle
Libertad y Tercera, en el centro de la ciudad (entre los edificios del Palacio
de Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal). La joven trabajaba por las
mañanas en la maquiladora Aerotec, en la ciudad de Chihuahua.
La familia denunció su desaparición, pero las autoridades simplemente la
incluyeron en una lista de siete reportes similares más. Desestimaron el caso,
no obstante dos mujeres más que estudiaban en la misma escuela fueron asesinadas
antes en Ciudad Juárez.
Casi un mes después, el viernes 29 de marzo, el cadáver de Paloma fue localizado
en un arroyo, en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Aldama. Su cuerpo,
en estado de descomposición, estaba boca abajo. Según la autopsia, falleció por
desnucamiento por lo menos tres semanas antes.
Paloma estudiaba en la escuela de cómputo Ecco a la que asistían otras dos
jóvenes que también fueron asesinadas, pero en Ciudad Juárez: Liliana Holguín de
Santiago, hallada muerta en las faldas del Cerro Bola en junio de 2000; y María
de los Ángeles Acosta, de 19 años, encontrada en la Zona Dorada en noviembre de
2001.
El homicidio de Paloma es parecido a los de Ciudad Juárez tanto en la forma en
que se cometió como en las irregularidades en torno a la investigación. Su
cadáver fue localizado el viernes 29 de marzo, al día siguiente, su ex novio
Vicente Cárdenas Anchondo, fue presentado como presunto autor material del
crimen. Pero fue liberado al día siguiente: una testigo declaró que una
fotografía del joven, que supuestamente la policía encontró en el lugar del
crimen, la había entregado a los agentes el mismo día en que el sospechoso fue
arrestado.
Era la única prueba que se tenía en contra del joven. Se descubrió que la
evidencia fue “sembrada” por Gloria Cobos Ximello, comandante de la Policía
Judicial del Estado en Chihuahua, quien después fue suspendida del cargo.
LA RECOMENDACIÓN DE LA ONU
El 8 de abril pasado, en Ginebra, Suiza, durante la sesión de la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el relator especial
Dato'Param Coomaraswamy, rindió un informe sobre el Poder Judicial, la
administración de justicia y la impunidad en México, el cual incluye un apartado
sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
Entre otras cosas, el documento describe así el encuentro del relator con la
fiscal especial Suly Ponce, en mayo de 2001, en relación a los crímenes
conocidos hasta esa fecha:
“(Al relator) Le sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia,
insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las
indagaciones”.
El numeral 190 del informe señala: “Para el relator especial resulta evidente
que estos asesinatos no se investigaron de forma eficaz ni exhaustiva, si es que
hubo algún tipo de investigación. Desde que fue nombrada para investigar estos
asesinatos, la nueva procuradora especial se ha dedicado a poner orden en su
oficina”.
Por lo tanto, formuló la siguiente recomendación al gobierno mexicano:
“Deben investigarse a fondo los casos aún no esclarecidos en relación con los
más de 189 asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y procesarse a sus
autores. Los tribunales deben acelerar la resolución de los juicios pendientes”.
¿ALGUIEN INVESTIGA?
Entre 1993 y agosto de 1995, no hubo seguimiento alguno a los casos de
homicidios de mujeres, sobre todo, por la rotación de mandos judiciales y la
ausencia de métodos de trabajo institucional. La sustitución de responsables de
las investigaciones es una constante hasta la fecha.
Hasta febrero de 1998 se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de
Homicidios de Mujeres, misma que en cuatro años ha contado con siete titulares,
incluyendo a Liliana Herrera López, designada el 3 de marzo de 2002 y destituida
tres meses después, el 4 de junio.
Han pasado por las investigaciones cuatro procuradores de Justicia del Estado:
Francisco Molina Ruiz, actual oficial mayor de la Secretaría de la Contraloría y
Arturo Chávez Chávez, ambos durante la gestión de Francisco Barrio; así como
Arturo González Rascón y Jesús José Solís en la administración de Patricio
Martínez.
Además de siete subprocuradores en Ciudad Juárez: Jorge López Molinar, de 1993 a
1998. En tres años y medio del gobierno de Patricio Martínez, seis personas han
ocupado el mismo cargo: Nahúm Nájera Castro, Alejandro Astudillo Sánchez, Marina
Aspeitia Morales, Ricardo Vázquez Santiesteban, José Manuel Ortega Aceves y
Elfego Bencomo, quien tiene dos meses en el puesto.
Las más de las veces, las autoridades no determinaron el lugar dónde fueron
asesinadas las mujeres y en ocasiones citan equivocadamente el sitio del
hallazgo de los cadáveres o no precisan el lugar exacto de la localización de
los cuerpos.
A las osamentas no se les practicó la prueba de ADN para identificarlas, en
otras ocasiones no establecieron la probable causa de muerte. Para culpar a los
sospechosos no se consideró determinar el móvil, ni encontrar el arma homicida,
en los casos de asesinatos con arma blanca, de fuego u otros objetos, en los
casos en que los cadáveres fueron abandonados en lugares poco concurridos y
transcurrieron días o meses para ser encontrados.
Lo más delicado es que, en 54 casos, las autoridades ni siquiera integraron un
expediente numerado para dar seguimiento a las investigaciones.
La mayoría de las víctimas identificadas fueron vistas con vida por última vez
en las calles y brechas aledañas que se encuentran a lo largo del eje Vial Juan
Gabriel, bulevar Óscar Flores y las vías del ferrocarril que cruzan la ciudad
casi en forma paralela. También fueron llevadas por la fuerza, por su voluntad o
mediante engaños del centro de la ciudad, en el perímetro que forman las calles
y avenidas 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Juárez y Vicente Guerrero.
Pero las autoridades nunca siguieron esas pistas y menos establecieron medidas
de seguridad en esos puntos.
SALDOS DE LA IMPUNIDAD
En el primer caso, del cadáver hallado el 3 de mayo de 1993, los peritos
encontraron rastros de líquidos seminales en su cuerpo. Con esas pruebas,
dijeron, se podrá identificar al violador y asesino en caso de arrestar a un
sospechoso.
Sin embargo, nueve años después, las autoridades no han encontrado al culpable
del crimen. Ni siquiera lograron conocer el nombre de la víctima.
Tampoco lograron identificar a por lo menos 70 cadáveres más, entre los 275
homicidios de mujeres que se han cometido en Ciudad Juárez en los últimos nueve
años, hasta el 15 de abril.
Hasta diciembre pasado, oficialmente había 103 asesinos sueltos, entre ellos, 89
que nunca fueron identificados presuntos responsables.
Según la subprocuraduría de Chihuahua, del total de los casos, hasta diciembre
fueron consignados 157 sospechosos, de los cuales 73 recibieron sentencia por
parte de un juez.
En un desplegado periodístico, el 14 de marzo anterior, el Gobierno del Estado
publicó que de 1998 a febrero de 2002, se cometieron 268 crímenes en total: 192
crímenes del tipo “situacional” y 76 por “homicidas múltiples”.
Los del tipo “situacional” son los cometidos en forma “imprudencial, pasional,
por narcotráfico y otros”. La procuraduría considera como “mujer víctima de
homicida múltiple cuando se cometen dos o más homicidios dolosos de persona del
sexo femenino por un solo individuo o un conjunto de ellos”, escribió en El
Diario de Juárez el reportero Armando Rodríguez, quien ha cubierto la mayoría de
los casos desde 1993.
Según la Procuraduría de Chihuahua, durante la administración encabezada por
Francisco Barrio, de 1993 a 1998, se cometieron un total de 177 asesinatos de
mujeres, 56 de ellos por “homicidas múltiples”.
En el transcurso del gobierno de Patricio Martínez, de octubre de 1998 a febrero
de 2002, se han registrado 92 crímenes, 20 de ellos por “homicidas múltiples”.
En lo que va de 2002, se han cometido 14 crímenes más hasta el mes de mayo. Se
han realizado dos consignaciones y en nueve de los casos no se ha determinado la
identidad de los presuntos responsables.
Se trata de homicidios cometidos sólo en lo que va del año y en Ciudad Juárez,
pues por lo menos han ocurrido otros siete casos de iguales características en
varias ciudades del estado, incluyendo la capital.
Sin embargo, para el subprocurador de Justicia juarense, Elfego Bencomo, la
frontera tiene una imagen negativa “por su mala suerte” y necesita una campaña
publicitaria en su favor.
Eso afirma el ex director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y actual responsable de las investigaciones.
(Junio 1 de 2002).