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Prensa Latina - México
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El Día - México
17-4-86
Frank Ortiz,
belicoso embajador en Argentina, regaña a "Tip" O'Neill
Desde 1945, el
proceloso año en que el embajador Spruille Braden se lió
en intermitentes conflictos con el régimen militar presidido por
el general Edelmiro J. Farrell pero en el que fungía como figura
principal el general Juan D. Perón, es posible que no haya habido
otro diplomático estadunidense que tienda a comportarse en Argentina
con similar ánimo de procónsul.
Su historial,
empero, en América latina, se remonta a varias décadas atrás.
Se jacta de estar en funciones, en el Departamento de Estado, desde hace
35 años. Su primera fama estalló en 19696, en Perú,
cuando el gobierno del general Juan Velasco Alvarado demandó a Washington
que fuese retirado de su función de "número dos" de la embajada
de Estados Unidos en Lima. En ese año tanto Chile como Perú
habían vetado el ingreso en sus respectivos países del enviado
especial del presidente Richard Nixon, Nelson Rockefeller. Estaba caliente
aún la expropiación de los bienes de la International Petroleum
Company (IPC), una subsidiaria de la Standard Oil, y se amenazaba al Perú
con la aplicación de la enmienda Hickenlooper y otras lindezas del
arsenal coercitivo estadunidense, cuando la inteligencia peruana detectó
los nexos entre la empresa Plant Protection, Vigilancia y Seguridad Industrial
S.A., regenteada por el ciudadano estadunidense William Demeter Chappers,
y el despacho de Ortiz en la avenida Arequipa.
Se comprobó
que tras la fachada de sus servicios de vigilancia contra robos o sabotajes,
Plant Protection había elaborado un fichero de más de 50
mil peruanos, incluyendo a militares, políticos, sindicalistas y
universitarios, catalogados por sus orientaciones político-ideológicas
favorables o contrarias a Estados Unidos.
Velasco Alvarado
intervino la empresa, secuestró sus archivos y a continuación
expulsó de Per a Chappers. Con Ortiz el trámite fue más
lento y menos ostentoso, pero finalmente, semanas después, Nixon
lo retiró discretamente de ese sede diplomática. El siguiente
paso de Ortiz se registró en la Guatemala del; general Romeo Lucas
García. Allí, a despecho de instrucciones precisas del presidente
James Carter, en relación con la política de derechos humanos,
Frank Ortiz "protegió" al bestial dictador, desinformó permanentemente
al Departamento de Estado, se mostró en público con los militares
y los sectores gobernantes afines a él y culminó su actuación
organizando, sin la correspondiente autorización desde Washington,
la visita amistosa de barcos de guerra estadunidenses que realizaban maniobras
en el cercano Caribe. Era un nuevo aval para el régimen de Lucas
y así lo entendió el enfurecido Carter, quien según
el método del "llamado a consultas" lo regresó a Washington,
desde donde ya no volvió a Guatemala.
Gracias al público
apoyo que prestó a la candidatura de Ronald Reagan en 1980, éste
lo recompensó despachándolo como embajador ala país
que los había expulsado doce años antes, Perú. Allí
volvió a entrometerse en la política interna, involucrándose
en ostensibles apoyos a candidatos opuestos al aprista Alan García.
El triunfo electoral de este último indujo a Reagan a quitarlo de
Lima, como medio de evitarse eventuales conflictos. Se lo envió
entonces como embajador en Argentina --ya con Raúl Alfonsín
en la presidencia-- y al poco tiempo el registro de sus actuaciones proconsulares
comenzó a circular en los corrillos políticos, empresariales
y sindicales, retrotrayendo la memoria de los tiempos del inefable "pig"
Braden.
La última
de sus hazañas fue relatada por Patrick E. Tyler en el Washington
Post. Tiene que ver con la visita que realizó a Buenos Aires
una delegación de 14 miembros --demócratas y republicanos--
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, interesados en
conocer la opinión de los gobiernos sudamericanos en relación
con las gestiones del Grupo de Contadora y en general con la política
de Reagan hacia Centroamérica. La personalidad más conocida
de la delegación era Thomas P. ("Tip") O'Neill, presidente (chairman)
de esa corporación desde hace más de tres lustros. Según
la crónica de Tyler, el embajador Ortiz acompañó a
los legisladores a la entrevista que éstos gestionaron con el presidente
Alfonsín, y en lugar de observar una actitud de discreción
y recato y permitir que los representantes mantuvieran un diálogo
desinhibido y fluido con el mandatario platense, se inmiscuyó --en
cierto momento con acritud-- respondiendo a preguntas que sus compatriotas
formulaban a aquél, asumiéndose como interlocutor e impidiendo
que fuese Alfonsín el que respondiera.
No satisfecho
aún con esa intempestiva intermediación a la que el representante
demócrata Fortney H. Stark, de California, frenó a la tercera
interrupción con un "Señor embajador, los miembros de esta
delegación queremos hacer las preguntas y nos gustarían las
respuestas de quienes corresponda", Ortiz remitió al Departamento
de Estado un violentísimo informe cablegráfico, acusando
a O'Neill, Stark y Marty Russo, demócrata de Illinois, de "pretender
presionar a líderes políticos de Buenos Aires para que condenasen
la política de la administración Reagan en Centroamérica".
Se agravió también de que esos tres legisladores pretendieron
menoscabar su función como embajador e indicó que "el congresista
Russo excedió todas las normas en sus ataques al gobierno al afirmar
que el presidente estaba buscando una confrontación militar con
Nicaragua" y que durante su visita, "O'Neill, Stark y Russo procuraron
obtener una condena oficial argentina a la política de la administración".
El cronista Tyler,
tras aclarar que el cable ultrasecreto (classified) "fue puesto
a disposición del Post", añade que el legislador Russo,
reaccionando ante la imputación, exhibió un videotape
de la reunión con el presidente Alfonsín, en el cual Ortiz
se muestra confundido acerca de cuáles son los países que
están procurando negociar un acuerdo de paz en América Central';
en otra parte, Ortiz interrumpió a un legislador "que preguntaba
cómo se podría lograr una solución pacífica
en la región y respondió que existía una pequeña
oportunidad para negociar con el gobierno marxista-leninista (sic)
de Nicaragua"; más aún, cuando el representante George Miller,
demócrata de California pidió a Alfonsín 'que utilizara
su prestigio en América latina para urgir la celebración
de negociaciones, Ortiz se interpuso y preguntó a Alfonsín
si tenía conocimiento de algún caso en que un gobierno marxista-leninista
convino en aceptar reformas democráticas". Fue allí cuando
Stark encaró a Ortiz y le pidió que se callara la boca.
De acuerdo con
la crónica de Tyler, uno de los legisladores que pidió no
ser identificado aunque apoya la política de Reagan en Nicaragua,
le expresó: "El cable de Ortiz no es una correcta descripción
y pretende evitar que influya en los votos contra Reagan. El embajador
se extralimitó al tratar de proyectarse a sí mismo en las
reuniones de investigación entre los miembros de la delegación
bipartidista y los funcionarios argentinos y también se ha extralimitado
al enviar esta clase de despacho cablegráfico a Washington".
En ese despacho
Ortiz concluye quejándose de que "Nicaragua fue con mucho el único
asunto discutido y los legisladores pidieron a los funcionarios argentinos
que condenaran la política de Reagan"; que cuando despidió
a O'Neill en el aeropuerto "le dije francamente que en mis 35 años
de servicio jamás había presenciado una actuación
así"; y que era su opinión que se había producido
"por lejos una intrusión no constitucional de la rama legislativa
en las prerrogativas de la rama ejecutiva".
Lo que no deja de provocar nuestra curiosidad es cómo si se trataba de un cable ultrasecreto, el Post pudo tener tan fácil acceso a su texto, que figura en su edición del 10 de abril, páginas 1 y 14.
El Día - México
14-1-86
Argentina:
alineamiento --¿realista?-- del canciller Dante Caputo junto a Shultz
Tanto que se
había estado preservando el gobierno de Raúl Alfonsín
de crearse innecesarios o gratuitos frentes de confrontación o de
crisis internas, por inopinada y sorprendente declaración del canciller
Dante Caputo la Argentina aparece hoy ubicada en la línea del frente
de la agresión --en su caso indirecta- contra la nación y
el pueblo de Nicaragua.
Nadie ignora
que aunque Caputo está considerado como el más influyente
de los miembros del gabinete de Alfonsín, no habría podido
expedirse como lo hizo, sin la anuencia del primer mandatario.Y esto sí
es grave, porque incluso cancilleres de la dictadura militar de 1976-1983
--recordemos a Oscar Camilión y Nicanor Costa Méndez-- fueron
mucho más cautelosos y prescindentes en materia de política
interamericana, de lo que se muestra ahora el ministro Caputo. Dicho esto,
con independencia de la verosimilutd o asidero de su argumentación,
a nuestro juicio totalmente deleznable. Si sus fuentes de información
son la embajada en Managua o sus asesores para el área de Centroamérica,
se impondría una urgente reactualización de sus datos, a
todas luces en nada ajustados a la realidad y la coyuntura política
y económico-social de Nicaragua.
Pero si de lo
que se trata es ubicarse en posiciones gratas al Departamento de Estado
de los Estados Unidos, de nada valdrían recomendaciones en favor
de razones honestas y acordes con la verdad, puesto que el gobierno de
Ronald Reagan, como pocos en la historia de los Estados Unidos, ha sentado
normas y pautas de diplomacia internacional en las que la distorsión
de la realidad resulta la más usual herramienta de trabajo. Deplorable
línea sería la de una Argentina que, contrariando la línea
histórica del hoy gobernante partido, la Unión Cívica
Radical (UCR), adhiera a las formas belicosas, terroristas y falsificadas
de la política exterior norteamericana.
Nada tendría
en común, por ejemplo, con las posiciones del presidente Hipólito
Irigoyen, recordables para instancias tales como las de la intervención
armada de Estados Unidos en la República Dominicana (1916-1924),
con la del presidente Arturo U. Illia cuando en 1965 se rehusó a
enviar tropas argentinas para que sirviesen de cancerberas por cuenta de
aquella misma potencia agresora contra la misma víctima dominicana
agredida, ni con la del presidente Juan D. Perón cuando en la X
Conferencia Interamericana (Caracas, 1954) dispuso no votar como lo deseaba
el prepotente canciller John Foster Dulles, que con el pretexto del anticomunismo
inició en aquella reunión la fase final de la ofensiva destinada
a derrocar al gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, en Guatemala.
Tampoco nada
tiene que ver esta recientísima declaración de Caputo con
la ubicación latinoamericanista de las formas y el discurso de su
Gobierno durante buena parte de 1984. Ni con la tradición de la
diplomacia argentina --cuando en verdad el Palacio San Martín la
tuvo, de autonomía y principios-- de respeto a la soberanía,
independencia y autodeterminación de las naciones y pueblos de nuestra
América.
El 21 de diciembre
de 1984, el canciller Caputo afirmó que "Argentina es un país
occidental, no alineado y en vías de desarrollo" y que "tiene una
política exterior realista". En ese tópico explicó
que Argentina se acercó a Centroamérica "por razones de solidaridad
fundamental con los países de América Central", en procura
de "evitar que el conflicto se propague y que la guerra generalizada se
instale en la región (y) por lo tanto, solidarios en la paz nos
interesamos por el destino final de aquella situación".
Con el jabonoso
lenguaje de la diplomacia clásica, Caputo añadió entonces
que existen "motivos de interés nacional" en la participación
argentina en la peripecia centroamericana y en "aquella situación"
en la que no menciona al actor y responsable principal, el gobierno de
Estados Unidos, ya que, explicó, "si una guerra viniera a instalarse
en esta región, sus efetcos se propagarían, no tenemos ninguna
duda, a todo el continente latinoamericano." Más aún, desde
México a Tierra del Fuego nuestras sociedades se verían conmovidas,
polarizadas, radicalizadas", conviertiéndose por ende en un "atractivo
particular para el conflicto y el hostigamiento de las superpotencias".
Estas consideraciones
ya habían sido expuestas por el mismo desaprensivo funcionario meses
antes, al advertir respecto de los riesgos que para el subcontinente tendría
una resistencia armada a la dictadura militar de Chile, pues en ese caso
se incorporaría a esa lucha el ingrediente de la confrontación
Este-Oeste, que es una de sus obsesiones burocráticas. Como si los
más de once años de régimen sanguinario pinochetista
fuese solamente y en puridad un fenómeno clásico del militarismo
sudamericano y de cesarismo criollo tradicional, ajeno a los mecanismos
del poder transnacionales de los cuales el más idóneo de
los instrumentos, para América Latina, ha sido el trasplante de
la pseudo doctrina de la seguridad nacional.
Ya entonces semejante
opinión del ministro de relaciones exteriores argentino implicaba
una arrogante intromisión en asuntos que competen al propio pueblo
chileno, abstracción hecha de la correcta o equivocada percepción
publicitada por el transitorio administrador de la diplomacia vernácula,
cuya misión como funcionario le veda ese tipo de incursiones "interpretativas".
De esa misma, peligrosa y presuntuosa intromisión "interpretativa"
no menos que insolentemente calificadora fue culpable el mismo canciller
cuando afirmó ante la prensa que los problemas de Centroamérica
no tendrán solución "si Nicaragua es o sigue siendo en alguna
forma o una base política del Este o de sus aliados en América
latina". La arrogancia en este caso se une a una miliciosa y no fundada
interpretación de la realidad nicaragüense, así como
a una sospechosa parcialización que omite, de nuevo, al actor más
importante de "los problemas de Centroamérica", que es el gobierno
de Estados Unidos.
La insidia sobreabunda
cuando acto seguido el funcionario añade: "Jamás enarbolaríamos
la bandera de un régimen marxista-leninista (nadie le preguntó
si su Gobierno tenía semejante intención, de donde salía
sobrando la alharaca). Es sindispensable que Nicaragua sea latinoamericana
(con lo cual sugería que no lo es y que quizás pertenezca
a la galaxia Andrómeda) y queremos para 'Latinoamérica' una
democracia plena (exhorto que omitió la mención de dos vecinos
inmediatos con abundantísimos déficits en esa materia, como
lo son Chile y Paraguay).
Por muy mal informado
que Caputo esté o quiera estar respecto de Nicaragua y de Centroamérica
(y conste que jamás antes la prensea argentina refleja una tan minuciosa
desinformación como la que está padeciendo en ese tópico
en los seis años últimos), las normas de la diplomacia le
inhiben el ejercicio de un paternalismo que ni Managua ni las restantes
capitales del istmo le han autorizado ejercer. Ni está previsto
en las normas de la diplomacia internacional, por muy países "en
vías de desarrollo" que sean los de esta transida y aherrojada América,
que cualquiera de ellos se arrogue la potestad de calificar o descalificar
la naturaleza del régimen de gobierno o de sociedad política
o económica de cualquier otro, así sea --que no lo es en
el caso de Nicaragua aunque así lo sugiera la retórica de
Caputo y la repetidora mentira de su colega George Shultz-- "marxista-leninista".
El canciller Caputo, que debe su formación académica a escuelas políticas gabachas, cabría recordarle que la primera formulación moderna del principio de no intervención, contenida en un documento jurídico, figura en el artículo 119 de la Constitución de Francia
--el país
de sus amores-- del 24 de junio de 1793: "El pueblo francés no se
inmiscuye en el gobierno de las otras naciones; tampoco soportará
que las demás naciones se inmiscuyan en el suyo".
Guardadas las
debidas distancias de lugar y tiempo, el 4 de marzo de 1933, en Montevideo,
durante la VII Conferencia Internacional Americana, el artículo
8 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados allí
aprobada, estableció: "Ningún Estado tiene el derecho de
intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado". Ese principio,
por si no lo recuerda Caputo, fue denodadamente defendido en la conferencia
interamericana precedente, por el delegado argentino --perteneciente al
partido UCR--, doctor Honorario Pueyrredón, quien no vaciló
en enfrentar y hasta con cierta violencia, en esa reunión, a Estados
Unidos.
Prensa Latina - México
El Día - México
15-1-86
Argentina:
la mala memoria de Caputo acerca de la política de Washington
Repetiremos los
últimos párrafos de nuestra nota anterior, habida cuenta
de los faltantes topográficos que tornaron indescifrable su texto:
"Al canciller
Caputo, que debe su formación académica a escuelas políticas
gabachas, cabría recordarle que la primera formulación moderna
del principio de no intervención, contenida en un documento jurídico,
figura en el artículo 119 de la Constitución de Francia --el
país de sus amores-- del 24 de junio de 1793: 'El pueblo francés
no se inmiscuye en el gobierno de las otras naciones; tampoco soportará
que las demás naciones se inmiscuyan en el suyo'.
"Guardadas las
debidas distancias de lugar y tiempo, el 4 de marzo de 1933, en Montevideo,
durante la VII Conferencia Internacional Americana, el artículo
8 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados allí
aprobada, estableció: 'Ningún Estado tiene el derecho de
intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado'. Ese principio,
por si no lo recuerda Caputo, fue denodadamente defendido en la conferencia
interamericana precedente por el delegado argentino --perteneciente al
partido UCR-- doctor Honorio Pueyrredón, quien no vaciló
en enfrentar y hasta con cierta violencia, en esa reunión, a Estados
Unidos."
Incluimos las
referencias históricas porque fue precisamente en la VI Conferencia
Internacional Americana (La Habana, Cuba, 15 de enero-15 de febrero de
1928), donde la Argentina, junto con México, El Salvador y Uruguay
--entre otros pocos más-- rescató para el decoro y la honra
de su mejor diplomacia --que no necesariamente ha sido consecuente en sus
principios y formulaciones-- el sostén y afianzamiento de los postulados
del no intervencionismo. La pasión conque el delegado Pueyrredón
defendió esa tesis argentina además de otras posiciones que
enfrentaban a las del delegado estadundiense Charles Evans Hughes y a su
corte de países panamericanizados, llevó al delegado platense
a disentir de las instrucciones de su propia cancillería y a renunciar
estrepitosamente y en plena reunión a su función y a dimitir
simultáneamente a su cargo de embajador argentino en Estados Unidos.
Pueyrredón
fue mucho más fiel al principismo de Hipólito Yrigoyen que
al de su sucesor Marcelo T. de Alvear --igualmente perteneciente al partido
Unión Cívica Radical (UCR), hoy de nuevo en el gobierno argentino
en la persona de Raúl Alfonsín--, a cuya cancillería
representaba. Y enfrentó al representante del presidente Calvin
Coolidge, el mandatario que había ordenado la invasión de
la República de Nicaragua y la consiguiente ocupación del
país centroamericano violando todos los principios del derecho internacional,
una costumbre estadundiense de principios de siglo que hoy repite aunque
por torcidos métodos y muchos más intermediarios el gobierno
de Ronald Reagan.
Alvear era mucho
más complaciente para con el imperio, que Yrigoyen. Y este último,
justamente por no serlo en materia petrolera, iba a ser derrocado por los
militares el 6 de septiembre de 1930. Del mismo modo que lo sería
otro presidente radical casi por las mismas razones, Arturo U. Illia, el
28 de junio de 1966.
¿Resulta
ironía del destino que en vísperas de la llegada al país
del factótum del derrocamiento de Illia y el principal malhechor
de la "patria financiera" surgida de la sanguinaria militarada de 1976
a 1983, David Rockefeller, el canciller Dante Caputo, haya tenido la triste
ocurrencia de situarse junto al secretario de Estado, George Shultz, en
lo de colocar al gobierno de Daniel Ortega Saavedra en el banquillo de
los acusados como reo de "marxismo-leninismo"? ¿Tan pronto ha olvidado
Caputo la actitud cómplice de Estados Unidos junto a Gran Bretaña,
y la ayuda diplomática, militar y estratégica que Washington
prestó a Londres en el desatinado desaguisado de las Malvinas? ¿No
se repitió entonces hasta el cansancio que "por fin Argentina había
descubierto quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes sus
enemigos en América latina"? ¿De dónde sino de los
militares de la "Guerra Sucia" se contaminó la Argentina de la 'caza
de brujas' transnacionalizada vía pseudo 'doctrina de seguridad
nacional'? ¿Será nueva política presente y futura
del gobierno de Alfonsín ser parte de la corte panamericanizada
y "guerra-friísta" orientada desde Washington?
Siquiera sea
para contrastar esta infausta posibilidad, creemos del caso reproducir
la tesis del doctor Honorio Pueyrredón, que con el título
de "La estabilidad de América reposa en el imperio de la soberanía
del derecho" expuso en La Habana el 4 de febrero de 1928 con la mente puesta
en la Nicaragua agredida:
"Señores:
"Este es el momento
de formular definiciones categóricas y precisas.
La soberanía
de los Estados consiste en su derecho absoluto a la entera autonomía
interior y a la completa independencia externa. Ese derecho está
garantizado en las naciones fuertes por su misma fuerza y, en las débiles,
por el respeto que le deben las fuertes. Si ese derecho no se consagrase
y no se practicara en forma de absoluta armonía jurídica
internacional, no existiría.
"La intervención
diplomática o la intervención armada, permanente o temporaria,
atenta contra la independencia de los Estados, sin que la justifique el
deber de proteger intereses de nacionales, ya que de tal derecho no podría,
a su vez, ejercitarlo las naciones débiles, cuando sus súbditos
sufrieran daño por convulsiones ocurridas en las naciones fuertes.
"Estos principcios,
ya consagrados como una conquista de la civilización, se imponen
aún más en América, para la feliz convivencia de los
pueblos que la forman.
"La República
Argentina ha practicado esos postulados en todos los momentos de su historia
a pesar de que, en más de una ocasión, los intereses de sus
nacionales, residentes en otros países, hayan estado en peligro.
"El ciudadano
que abandona su patria para incorporarse a la soberanía de otro
país civilizado, se somete a su jurisdicción y a sus leyes
y corre su suerte.
"Es preferible
consagrar este principio, a pesar de sus posibles inconvenientes, ante
los infinitos bienes que se derivan del respeto a la vida soberana de las
demás naciones.
"La República
Argentina considera que, a ese respecto, es imprescindible que las jóvenes
naciones de América pasen por las transformaciones y la experiencia
del gobierno propio, evolucionando naturalmente en ensayos de instituciones
políticas, hasta llegar, sin intervenciones extrañas, a la
perfecta madurez de la democracia que ha de regir sus destinos en paz interior
y en concordia internacional.
"Esta doctrina
ha sido sustentada por la Argentina a través de su vida como nación
independiente y la ha reiterado en una ocasión solemne, ante la
primera asamblea de la Liga de las Naciones, preconizando la igualdad jurídica
de los Estados, cualesquiera que fuese su extensión material, reconociendo
sus derechos inalienables como entidades soberanas en el concierto universal
de las naciones.
"La delegación
que presido, expresa en nombre del pueblo y del gobierno argentinos, como
condensación de sus sentimientos de solidaridad americana, su fe
en el triunfo definitivo de estos principios inmutables, a fin de que la
estabilidad de América repose en el imperio de la soberanía
del derecho."
La invasión
a Nicaragua en diciembre de 1926 y la ocupación por las tropas norteamericanas
que proseguía en momentos en que se celebraba la Conferencia de
La Habana, la había justificado Coolidge argumentando la protección
de la vida e intereses de los ciudadanos norteamericanos en ese país,
asolado por una guerra civil de la que había sido uno de sus actores
Estados Unidos.
El periódico
conservador porteño La Prensa, en editorial del 7 de febrero
de 1928 y con el título de "La voz argentina frente al imperialismo",
aplaudió esta vez al representante del partido al que adversaba,
con párrafos como los siguientes:
"La delegación
argentina se ha comportado en esta emergencia lo mismo que en el debate
que promovió respecto de la guerra aduanera de tarifas, a la altura
de su misión. Y si en este último punto, dentro de principios
indiscutibles de justicia y de cooperación, defendió los
intereses de la producción nacional, en el asunto de las intervenciones
internacionales alzó su voz en defensa de las repúblicas
débiles, no para pararse frente a los fuertes, sino para colocarse,
como siempre, de parte de la razón y del derecho, que acompañan
a los sostenedores de la independencia y soberanía absoluta de los
pueblos.
"La nación
argentina, idealista, generosa, pacífica y animada de la mejor buena
voluntad para con todas las naciones del orbe, habría tolerado un
descuido de su delegación en la defensa de los intereses económicos
nacionales, pero no le habría perdonado un silencio vergonzante
en la oportunidad que le correspondía pronunciarse en contra de
los actos del imperialismo que se realizan en perjuicio de las pequeñas
repúblicas americanas."
Hoy día, La Prensa ya no utiliza el vocablo "imperialismo" y sirve, por lo demás, a los intereses de Estados Unidos. En lo interno, ataca virulentamente al gobierno de Alfonsín y subliminalmente propugna su derrocamiento. ¡Sería muy triste que algún editorial de esta publicación aplaudiera las palabras agresivas del canciller Caputo contra Nicaragua! Triste, pero no improbable.
El Día - México
18-2-86
En Belice
la oposición cuestiona la cesión de tierras a Coca-Cola
A fines de 1985,
en esta misma columna, detallamos la colosal cesión de tierras que
el actual gobierno de Belice efectuó a personeros de corporaciones
transnacionales, con el propósito de que aquéllas fuesen
destinadas al cultivo de cítricos y de caña de azúcar
a su vez aprovechable para productos derivados del alcohol.
Mencionamos que con la total aprobación del primer ministro Manuel Esquivel, un latifundio de aproximadamente 700 mil acres, situado en el norte del país, pasó de manos de la Belize Estate Company Ltd. --de la familia Bowen, uno de cuyos miembros, Barry M. Bowen, es propietario de la empresa distribuidora de Coca-Cola en Belice-- a la del consorcio empresarial constituido por Paul Howell & Walter M. Misher, la Coca-Cola Foods (subsidiaria de la Coca-Cola Company con sede en Houston) y el propio Barry Bowen. Los nuevos copropietarios se adjudicaron 50 mil acres cada uno; los restantes 550 mil acres pasaron a ser propiedad conjunta: 30 por ciento para Coca-Cola, otro tanto para Howell & Misher y el 40 por ciento para el diligente Bowen.
El conjunto de
transferencias ocurrió en septiembre de 1985 y tuvo la virtud de
conmover a una alicaída oposición, que encontró al
menos un motivo para embestir al régimen de Esquivel, con un tema
bastante sensitivo, después de acallados los ecos de la campaña
electoral que ubicó en el gobierno al Partido qnico Democrático
(UDP). El Partido Unido del Pueblo (UPP) está denunciando ahora
la naturaleza y alcances de esa transferencia de tierras, que en la práctica
implica la enajenación de unos 2 mil 800 kilómetros cuadrados
de territorio nacional, casi una octava parte de la superficie de Belice.
La especializada
publicación guatemalteca Inforpress Centroamericana (no.
676, 6 de febrero de 1986, pp. 3-4), luego de comentar que aún no
se ha informado qué uso se proponer dar, el consorcio adquirente,
a 661 mil 186 acres de los 868 mil 186 ya bajo su dominio y de registrar
que por esa ya por otras importantes razones "la gigantesca transacción"
continúa bajo severa crítica, agrega:
"Documentos oficiales,
análisis del exterior e incluso el parcial punto de vista de la
prensa simpatizante del partido gobernante, el Democrático Unido,
exaltan al consorcio Coca-Cola por su inversión en Belice, por ejemplo,
en su boletín de septiembre pasado, al examinar las implicaciones
de la transacción no hace mención a ninguna posible desventaja,
irregularidad o inconveniente. El semanario The Reporter describe
la negociación gráficamente; 'el aterrizaje de un gran pez
...hazaña ésta cuyo efecto más perdurable es el saber
que Belice puede salir y competir exitosamente atrayendo inversiones'.
"El opositor
Belize Sunday Times, por el contrario, califica al hecho como 'la
rapiña de Coca-Cola' y predica que 'volverá de nuevo a frecuentar
a esos ministros' (los de UDP). El Times y otros críticos
continúan preocupándose por la impresionante extensión
de la transacción. Se recuerda que tanto en el Caribe como en Centroamérica
--para citar solo los casos más cercanos-- los latifundios en manos
extranjeras, especialmente aquellos dedicados a la minería y a la
agroexportación, han conducido en su momento a controversias entre
los gobiernos y las transnacionales, a conflictos laborales y a enardecer
los sentimientos nacionalistas de los pueblos, que derivan inevitablemente
en complejos conflictos sociales.
"Entre tanto,
aún no se conoce el uso que se les dará a los aproximadamente
7 millones de acres, en violación de las exigencias legales vigentes
para extranjeros que demandan que antes de efectuarse la compra de tierras
se sometan a consideración los planes para el desarrollo de las
mismas. La Coca-Cola únicamente ha informado que utilizará
25 mil acres al cultivo de cítricos, durante los próximos
siete años.
"El Caribbean
Insight, de noviembre pasado, señala que 'la transacción
tiene un gran potencial desde el punto de vista de la Coca-Cola'. El transporte
de concentrado de naranja desde Brasil, a la compañía Minute
Maid (subsidiaria de la Coca-Cola) resulta más caro que desde Belice.
Además, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI=Caribbean Basin
Initiative) ofrece una ventaja tarifaria del 30 por ciento o de dos dólares
por caja de fruta. Esta inversión beliceña, incidentalmente,
es la más grande bajo la CBI hasta el momento. Belice tampoco presenta,
hasta el momento, conflictos laborales entre productores y procesadora,
como acontece en Brasil, ni su clima es inclemente como lo es el de Florida,
Estados Unidos, que es la otra región que produce concentrados de
naranja para Minute Maid.
"No es factible
asegurar que los cítricos y específicamente el concentrado
de naranja que la Minute Maid se propone procesar en Belice para el año
2001, serán siempre objeto de demanda comercial y generadores de
divisas para el país. Desde ya, por ejemplo, los precios del concentrado
de naranja para el mercado internacional se encuentran bajando a raíz
de la recuperación de la producción estadunidense. Esa caída
de precios significó ya para Belice una reducción del 14
por ciento en los ingresos del segundo trimestre de 1985, comparados con
los ingresos del primero, aun cuando en este segundo trimestre la producción
fue la misma que en el segundo trimestre de 1984.
"Tampoco puede
contarse con que los incentivos tan atractivos que actualmente ofrece la
CBI se extenderán más allá de 1996. Es previsible
también que los productores estadunidenses y brasileños --ya
que cuentan con el suficiente tiempo-- tomarán medidas para proteger
su propio mercado frente a la industria beliceña. El gobierno tampoco
podrá descartar la posibilidad de una nueva experiencia como la
que tuviera con la empresa británica Tate & Lyle, que abandonó
Belice afectando considerablemente la industria del país. No se
conoce que la Coca-Cola se haya comprometido a mantener operando la industria
procesadora de concentrado de naranja.
"Y finalmente, en lo que se refiere a la producción de cítricos, la tierra negociada, que se encuentra a 40 millas al noreste de la ciudad capital, es poco profunda, tiene escaso drenaje y su Ph es neutro, características opuestas a las recomendaciones para el cultivo de cítricos; pero en cambio son útiles para la siembra de maíz, arroz y frijol, productos que actualmente se importan de la vecina Guatemala ..."
El Día - México
19-2-86
Más
revelaciones sobre el papel de la CIA en las muertes de presos hondureños
El corresponsal
itinerante del New York Times en Centroamérica, James LeMoyne,
proporciona en su más reciente crónica, fechada en Tegucigalpa
y titulada "C.I.A. Acussed of Tolerating Killings in Honduras" (La CIA
acusada de tolerar asesinatos en Honduras"), datos accesorios acerca de
la actividad de la Agencia Central de Inteligencia en el país hoy
llamado "portaviones terrestre de Estados Unidos en Centroamérica".
La información
ya era en parte conocida, pero LeMoyne la ratifica públicamente
con el auxilio de testimonios de funcionarios norteamericanos y hondureños
a los que él acudió y cuya identidad no puede, lógicamente,
añadir. Su crónica es, pues, digna de ser reproducida en
circunstancias en que en Honduras hay nuevas autoridades civiles y hubo
ciertos cambios en la cúpula militar. A continuación, el
texto íntegro publicado en el Times el 14 de febrero presente,
con el añadido de notas que son de nuestra cosecha.
La CIA lo
supo
La Agencia Central
de Inteligencia (CIA) ayudó a las fuerzas de seguridad hondureñas,
que sabía eran responsables del asesinato de un número de
personas arrestadas por razones políticas entre 1981 y 1984, según
dos funcionarios estadunidenses y un militar hondureño.
Los agentes de
la CIA no tomarán parte directamente en las acciones de las unidades
del gobierno hondureño, dijeron los funcionarios norteamericanos.
La ayuda que proporcionaron incluyó el entrenamiento y la asesoría
en la obtención de inteligencia, como parte de un programa para
poner fin al trasiego de armas desde Nicaragua a los rebeldes izquierdistas
en Honduras y El Salvador.1 'La CIA no tuvo nada que ver con el secuestro
de personas' --dijo uno de los norteamericanos, que tiene un íntimo
conocimiento de la política estadunidense en Honduras-- 'pero sí
sabía lo que pasaba y cuando alguna gente desapareció,
optó por mirar hacia otro lado'.
Un funcionario
norteamericano dijo que los asesinatos políticos perturbaron a algunos
miembros de la embajada de Estados Unidos y de la CIA. Aunque los informes
de esa época de la embajada sobre derechos humanos mencionaron los
abusos, se minimizó su gravedad así como la naturaleza evidentemente
sistemática de los asesinatos.
Al menos 200
personas, la mayor parte de ellas supuestamente izquierdistas, pueden haber
sido asesinadas o hechas desaparecer por razones políticas en Honduras
entre 1981 y 1984. No resulta claro cuántas de ellas fueron asesinadas
por las unidades mencionadas. A partir del día en que un nuevo comandante
en jefe militar ordenó poner fin a esa práctica, los abusos
tendieron, aparentemente, a cesar por completo. 2
De acuerdo con
lo expresado por los dos funcionarios norteamericanos y con fuentes el
Congreso, la CIA utilizó la información recogida por las
fuerzas de seguridad hondureña para hacer cesar bruscamente el flujo
de armas. Los funcionarios, que pidieron no ser identificados a fin de
proteger sus carreras y que entonces actuaban en la embajada estadunidense
en Tegucigalpa, dicen que el programa, fuertemente respaldado por la administración
Reagan, fue considerado un importante éxito.
Dos fuentes hondureñas
y un funcionario norteamericano dijeron que asesores militares argentinos
así como nicaragüenses antisandinistas fueron igualmente responsables
por el asesinato y la desaparición de un cierto número de
izquierdistas. Al serle solicitado un comentario acerca del reporte sobre
los asesinatos cometidos por los militares hondureños con los que
colaboraba la CIA, Michael O'Brien, un vocero de la embajada de Estados
Unidos en Honduras, dio a conocer una declaración especialmente
preparada con ayuda de miembros del Departamento de Estado en Washington.
La declaración dice:
'No existe conexión
alguna entre el entrenamiento profesional específico que pudiera
haber sido provisto por el gobierno de Estados Unidos a las fuerzas de
seguridad hondureñas, y las acusaciones de que personal de seguridad
hondureño haya estado subsiguientemente involucrado en actividades
propias. En ningún momento hubo allí una implicación
del gobierno de Estados Unidos con las actividades supuestas de escuadrones
de la muerte'. 3
Instado O'Brien
a comentar el informe de que se habría realizado una investigación
secreta del gobierno de Estados Unidos, acerca de los abusos cometidos
por las fuerzas de seguridad hondureñas, O'Brien declinó
hacerlo: 'Se trata de un asunto de inteligencia acerca del cual, como norma
política, no formulamos opinión' --dijo.
Un vocero de
la CIA en Washington, Patti Volz, negó todo involucramiento de la
Agencia con cualquier grupo que pudiera haber asesinado o hecho desaparecer
a personas detenidas. El ejército hondureño expidió
un informe el año pasado, autoabsolviéndose de responsabilidad
alguna en la mayor parte de los denunciados abusos. 4 El embajador de Estados
Unidos en Honduras en la época de los asesinatos, John D. Negroponte,
declinó referirse al conocimiento o involucramiento de la embajada
en relación con aquellos abusos. 5
Un oficial del
ejército hondureño ahora fallecido, 6 informó a miembros
asesores de congresistas de Washington, en 1984, acerca del efectivo involucramiento
de la CIA con la unidad del ejército hondureño así
como de que el oficial a cargo de ella era culpable de los abusos.
Aspectos de la
reunión fueron revelados por Dick McCall, asesor en política
exterior del senador demócrata John F. Kerry, de Massachusetts,
y por Bruce Cameron, ex director legislativo de la organización
Americans for Democratic Action. Ambos coincidieron, en entrevistas telefónicas
desde Washington, que el militar, mayor Ricardo Zúñiga, denunció
que la CIA ayudó a crear una unidad secreta de inteligencia hondureña,
conocida como 'Batallón 316'. El mayor Zúñiga afirmó
que la unidad era la culpable de los asesinatos y desapariciones --confirmaron.
Los detalles
de las declaraciones del mayor Zúñiga no pudieron posteriormente
ser confirmados, debido a que aquél fue asesinado el año
pasado por un socio en negocios que le debía dinero. 7
A diferencia
de las matanzas masivas realizadas por los ejércitos de Guatemala
y El Salvador en los años recientes, los asesinatos políticos
en Honduras parecen haber sido altamente selectivos. Analistas políticos
hondureños observan que esta es precisamente la evidencia de que
los asesinatos fueron cometidos por unidades entrenadas bajo estricta supervisión.
Preguntado recientemente acerca de qué ocurrió con los sospechados
de izquierdistas en Honduras, un oficial de la FUSEP respondió que
podían estarse reagrupando secretamente para realizar nuevos ataques,
'o quizás nosotros ya cortamos sus cabezas' --agregó haciendo
sobre su propia garganta un signo de corte con los dedos.
Los asesinatos
comenzaron, de acuerdo con fuentes hondureñas y estadunidenses,
cuando se descubrió que casas de seguridad en Honduras estaban siendo
utilizadas para proveer a rebeldes izquierdistas locales y de El Salvador,
armas de Nicaragua y después de que se registraron atentados terroristas
y secuestros por guerrilleros entre 1980 y 1982.
La administración
Reagan y el jefe del ejército hondureño, lvarez Martínez,
declararon entonces que estaban resueltos a poner fin a esa provisión
y, de acuerdo con algunos funcionarios norteamericanos, la administración
organizó un plan de interdicción de armamento. el general
lvarez trabajó en estrecha conexión con la CIA. Graduado
en una academia militar en Argentina, lvarez era un anticomunista extremado.
Fue él quien llevó a Honduras en 1980, a expertos argentinos
en contraterrorismo, para que entrenaran a las fuerzas de seguridad hondureñas,
así como a los rebeldes nicaragüenses antisandinistas. Los
argentinos dijeron que previamente ellos habían ayudado a crear
los escuadrones de la muerte del gobierno argentino, que habían
eliminado a millares de izquierdistas, según lo dijeron militares
hondureños que trabajaron con aquéllos.
De acuerdo con
un funcionario estadunidense, la CIA pudo haber ayudado a financiar parte
del entrenamiento realizado por los argentinos. Después, la CIA
tomó un rol más activo, ayudando directamente a las unidades
de inteligencia hondureñas.
-----
1.
Ese trasiego, si existió, ya había cesado en 1981 totalmente.
Pero Estados Unidos persistió en la acusación al menos hasta
1984, a sabiendas de su impostura.
2.
Alude al reemplazo, el 31 de marzo de 1984, por el general Walter López
Reyes, del hasta entonces jefe de las fuerzas armadas, general Gustavo
lvarez Martínez, iniciador de los asesinatos y desapariciones de
presos políticos desde cuando era titular de la Fuerza de Seguridad
Pública (FUSEP) hondureña.
3.
Manifiesta ambigüedad y retorcimiento de la frase: nadie dijo que
hubiera "escuadrones de la muerte" en Honduras, como los hay en El Salvador
y Guatemala. Los crímenes los cometió directamente y con
conocimiento de lvarez Martínez la DNI (Dirección Nacional
de Investigaciones), una unidad oficial del ejército.
4.
Ese informe, retardado durante más de un año, fue pública
y vigorosamente denunciado como falso y mentiroso por la Comisión
de Derechos Humanos hondureña, presidida por el doctor Ramón
Custodio.
5.
La comisión presidida por el Dr. Custodio denunció repetidas
veces esas muertes y desapariciones al propio embajador Negroponte, sin
obtener más que excusas diplomáticas.
6.
Alude al mayor Ricardo Zúñiga Morazán, asesinado a
fines de 1985 en circunstancias harto sospechosas. El Christian Science
Monitor, de Boston, afirmó que fue el ejército quien ordenó
su muerte, precisamente por sus declaraciones al Congreso.
7. Esa fue la versión oficialmente difundida y el supuesto criminal, un cubano de Miami, habría confesado que dio muerte a Zúñiga ante la imposibilidad de pagarle un préstamo de unos 50 mil dólares. Pero el argumento parece demasiado pueril en relación con todas las circunstancias que acompañaron el asesinato.
El Día - México
19-3-86
Sectores
sindicales y eclesiales de Estados Unidos, adversos a los contras
A pesar de las
conocidas orientaciones de la central obrera de Estados Unidos, la AFL-CIO,
el debate acerca de los nuevos presupuestos bélicos solicitados
por el presidente Reagan en favor de su ejército de mercenarios
contra Nicaragua ha provocado reacciones, hasta ahora sin ejemplo, por
parte de sectores sindicales afiliados a aquella organización.
En una carta
abierta a miembros del Congreso, 23 dirigentes obreros de algunos de los
más importantes e influyentes sindicatos les demandaron el rechazo
al programa de los 100 millones de dólares destinados a atizar la
no declarada guerra de Washington a Managua. El quincenario Frontine
de Oakland, California, en su edición del 17 de marzo presente,
informa que el National Labor Committee in Support of Democracy and Human
Rights in El Salvador (Comisión Nacional Obrera de Apoyo a la democracia
y los Derechos Humanos en El Salvador), hizo el 3 de marzo una presentación
ante el Congreso protestando contra cualquier provisión de dinero
a los contras.
El documento
lleva las firmas de los aludidos 23 dirigentes laborales, incluyendo a
Douglas Fraser --ex líder de los United Automobile Workers--, William
Winpisinger --presidente de la International Association of Machinists--
y Jack Sheinkman, líder de la Amalgamated Clothing and Textile Workers
Union, y en su texto se indica que "los cien millones de dólares
solicitados por la administración Reagan para los contras, sea como
ayuda militar o camuflada como 'ayuda humanitaria' resulta contraproducente
y por último empeorará las cosas en Nicaragua (...) Más
dinero a los contras simplemente quiere decir nuevos baños de sangre".
En campo pagado,
publicado el domingo 16 de marzo en el New York Times con el título
de "Contra Atrocities" que no requiere de traducción, 18 líderes
religiosos, firmando en representación de "más de 200 dirigentes
religiosos nacionales" de Estados Unidos, reclaman que "en el nombre de
Dios, cesen las mentiras, cesen los asesinatos". El texto de la declaración,
que ocupa un cuarto de la página 7, dice:
"La administración
Reagan ha estado mintiendo al público en procura de la ayuda militar
y del así llamado auxilio 'humanitario' para los contras. Exageración,
desinformación y falsificaciones totales constituyen el meollo del
caso de la administración contra Nicaragua. Se han estado publicando
informes fidedignos acerca de que los contras están cometiendo sistemáticamente
atrocidades violatorias de los derechos humanos contra los civiles inocentes.
Los contras no son luchadores de la libertad. NOS OPONEMOS A CUALQUIER
AYUDA A LOS CONTRAS EN CUALQUIER FORMA."
El desplegado
lleva las siguientes firmas: Thomas Gumbleton, obispo de la arquidiócesis
católica de Detroit; Leontine T. C. Kelly, obispo de la Iglesia
Metodista Unida, de San Francisco; Marshall T. Meyer, rabino de la N'nai
Jeshurun, de la ciudad de Nueva York, el mismo que en 1985 desmintió
públicamente la aseveración de Reagan acerca del supuesto
antisemitismo del gobierno de Managua; Philip Cousins, obispo, presidente
del Consejo nacional de Iglesias; Paul Moore, obispo episcopaliano de Nueva
York; Silvia Talbot, presidente de la Iglesia de Mujeres Unida; Harold
Hopkins, obispo episcopaliano de North Dakota; John O. Humbert, presidente
de los Discípulos de Cristo, de Estados Unidos y Canadá;
Joseph E. Lowery, presidente de la Conferencia de Líderes Cristianos
del Sur; Irwin M. Blank, rabino, gran presidente del Consejo de Sinagogas
de Estados Unidos; Avery A. Post, presidente de la Iglesia Unida de Cristo:
Carol Quigley, presidente del Inmaculado Corazón de María;
Jim Wallis, editor de "Sojournes"; Ernest T. Dixon Jr., obispo, presidente
de la Conferencia de Iglesias de Texas; William Sloane Coffin, ministro
principal de la Iglesia Riverside, de Nueva York; Bernice VanderLoop, presidente
de las Siervas de María, de Ladysmith, Wisconsin; Maurice J. Dingman,
obispo católico de la diócesis de Des Moines, Iowa; y Vernon
Grounds, presidente del Seminario Bautista Conservador.
El texto concluye
con estas palabras: "Hacemos un llamado a todas las personas de fe y de
conciencia a contemplar los efectos de la política de Estados Unidos
en Nicaragua y a unirse con nosotros para decirle al gobierno de Estados
Unidos: 'EN EL NOMBRE DE DIOS, CESEN LAS MENTIRAS, CESEN LOS ASESINATOS'."
El desplegado fue financiado por contribuyentes de la organización
Witness for Peace (Testigos por la Paz.)
En relación
con esta declaración, cabe recordar que los 200 dirigentes religiosos
mencionados --incluyendo a 20 obispos católicos y protestantes y
a una docena de rabinos formaron el 4 de marzo con sus cuerpos una cruz
en las escaleras del Capitolio como demostración contraria a la
provisión de fondos a los contras. En el documento que hicieron
público, los líderes religiosos condenaron la política
agresora y armada de Rehagan: "Mediante exageraciones hasta el nivel de
la histeria, mediante una permanente campaña de desinformación
y mediante la continua repetición de falsedades obvias, nuestro
gobierno ha elaborado una Gran Mentira en torno a Nicaragua. Nos rehusamos
a suscribir el engaño, a que éste no sea refutado o a aceptar
la insensata violencia que acompaña a tales mentiras. Unidos decimos,
en el nombre de Dios: 'Cesen las mentiras, cesen los asesinatos'."
Frente a esta expresión de decencia y humanismo de los religiosos de estadunidenses, apoyan a Reagan de un modo reforzado a niveles jamás antes alcanzados, los fundamentalistas, conservadores y ultraderechistas Jerry Falwell y Marion (Pat) Robertson, por conducto de sus programas de televisión a todo el país, que son recibidos por millones de norteamericanos englobados como "la mayoría silenciosa", una gran mayoría de ignorantes en materia de política internacional, ignorantes en cuanto a los problemas y naturaleza de los conflictos que afligen a los países de Hispanoamérica y del Tercer Mundo, ignorantes incluso de dónde están ubicados geográficamente Nicaragua, El salvador, Honduras y Guatemala y cuya ignorancia es alimentada por el discurso irracional, histérico y mentiroso de Reagan y sus principales voceros.
El Día - México
20-4-86
Playa Girón:
la prensa norteamericana fue cómplice activa en la invasión
y desinformación con meticulosidad
El cronista de
la UPI fue ratificado, entre otros, por el senador sureño George
Smathers, quien en su programa semanal por TV se burló de las denuncias
del canciller Roa: "Como los grupos de refugiados cubanos están
finalmente comenzando a ponerse de acuerdo, uniéndose en la misma
tentativa para derrocar a Castro --dijo-- éste necesitaba desviar
el pensamiento de su pueblo de sus dificultades internas, enfrentándolo
a esa vieja cortina de humo de una invasión norteamericana a Cuba."
(1)
También
lo hizo el embajador de Guatemala ante la ONU, Luis Coronado Lira, quien
calificó de "mendaces y cínicas" las afirmaciones de Roa
quien --añadió-- "con una contumacia digna de mejor causa,
afirma una y otra vez que mi patria procede como sierva de entidades extrañas
a la plena soberanía de Guatemala", cosa que rechazaba rotundamente
"puesto que --concluía-- nosotros no somos títeres ni portavoces
de nadie, ni tampoco estamos bajo la órbita de nadie". (2) Oficialmente
también el presidente Ydígoras desmintió las acusaciones
contra su gobierno, en un programa especial de TV que le sirvió,
a la vez, para atacar y agraviar a Cuba.
Salta la liebre
en California
Aquel mismo mes
de noviembre, empero, todo el engendro comenzó a tener difusión,
aunque débil, dentro de los propios Estados Unidos, por obra del
doctor Ronald Hilton, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos
de la Universidad de Stanford California.
Este catedrático
e investigador había estado tiempo antes en Guatemala y quizás
sin proponérselo expresamente, hablando con sus colegas universitarios
en ese país llegó a enterarse de lo que estaba ocurriendo
en el departamento de Retalhuleu. A su regreso, reveló en la publicación
académica que él dirigía, la primera punta del ovillo.
(3) Afirmó que Guatemala "bullía" de exiliados anticastristas,
los que se preparaban militarmente para regresar a Cuba para establecer
allí un gobierno al estilo del que imperaba en la isla de Taiwan
(Formosa) con Chiang Kai-chek al frente. Alegó Hilton que él
no podía aseverar si la CIA estaba detrás de todo el asunto
o era ajena a él, pero que no se explicaba cómo un país
que estaba al borde de la bancarrota económica, podía permitirse
el lujo de invertir más de un millón de dólares en
un aeropuerto ubicado en una remota región donde ni siquiera existía
el incentivo turístico de ruinas arqueológicas.
En los mismos
instantes en que era distribuida entre sus suscriptores la especializada
publicación de Stanford, Nicaragua y Guatemala eran sacudidas por
sendos levantamientos armados internos antigubernamentales, de sectores
cívicos y militares del centro liberal y de la derecha conservadora
en ambos casos anticastristas. Los regímenes de Luis Somoza e Ydígoras,
respectivamente, denunciaron ante la OEA esa "agresión" de Cuba
y simultáneamente demandaron la presencia de la flota estadunidense
del Caribe en sus costas, pedido al que el presidente Eisenhower no sólo
accedió inmediatamente sino que hasta se excedió en la atención
de la demanda. Por otra parte, siete días antes de que el mandatario
estadunidense anunciara el envío de sus barcos de guerra hacia Guatemala,
Cuba había denunciado que en la principal base marítima de
ese país, Puerto Barrios, se había concentrado un gran número
de naves de carga, sin identificación de nombre ni bandera, para
descargar grandes volúmenes de materiales y equipos bélicos
destinados a los contrarrevolucionarios organizados por la CIA.
En medio de la
nueva barahúnda de acusaciones mutuas y recriminaciones por doquier
--ya el candidato demócrata John F. Kennedy había logrado
el triunfo en la primera semana de ese mes, sobre su rival republicano
Richard M. Nixon--, el semanario liberal neoyorquino The Nation
publicaba en editorial inquisitivo, en el que, con el título de
"¿Estamos entrenando a guerrilleros cubanos?", recogía las
revelaciones del doctor Hilton y advertía acerca de los riesgos
que involucraría una agresión militar a la Isla. La nota
decía:
"La Agencia Central
de Inteligencia (CIA) ha adquirido una vasta porción de tierra,
con un gasto superior al millón de dólares, la que está
fuertemente cercada y rigurosamente custodiada. El doctor Hilton fue informado
de que era `de conocimiento común en Guatemala que el predio estaba
siendo usado como campo de entrenamiento de contrarrevolucionarios cubanos,
los que se preparaban para un eventual desembarco en Cuba. También
se dice que personal y equipo de Estados Unidos están siendo utilizados
en la base. Se dice que el campamento está ubicado en Retalhuleu,
entre la ciudad de Guatemala y la costa del Pacífico. Puede ser
que Fidel Castro tenga una base mucho más sólida de lo que
la mayoría de nosotros percibimos, para sus confesados temores acerca
de una invasión `tipo Guatemala financiada por Estados Unidos [...]
"Si Washington
ignora la existencia de la base, o sabiendo que ésta existe, es
sin embargo inocente de cualquier involucramiento en ella, entonces con
seguridad las autoridades correspondientes querrán cortar todos
los rumores infamantes [...] Pero por otra parte, si los informes recogidos
por el Dr. Hilton son ciertos, entonces la presión pública
debería orientarse a presionar a la administración a abandonar
este peligroso y atolondrado proyecto.
"Hay una segunda
razón por la que creemos que los informes ameritan su publicación:
se podrían y se deberían comprobar inmediatamente mediante
todos los medios de comunicación de Estados Unidos que posean corresponsales
en Guatemala". (4)
Complicidad
de la prensa
El razonable
consejo de The Nation en relación con la actitud que debería
asumir la prensa estadunidense fue desechado, al menos durante las semanas
siguientes, con premeditación y alevosía. La complicidad
de los medios de comunicación masivos con la operación en
cierne, fue con posteridad comprobada académicamente por estudiosos
y analistas de los problemas del periodismo moderno.
El resumen de
uno de tales estudios fue proporcionado por un experto norteamericano,
James Aronson, (5) si bien tal estudio iba a publicarse un lustro más
tarde. Pertenecía a Victor Bernstein y Jesse Gordon. El primero,
periodista veterano y corresponsal extranjero, había sido editor
en jefe de The Nation desde 1952 hasta 1963; el segundo había
sido corresponsal en Cuba y después asesor editorialista del mismo
semanario. Su historia, registrada en una revista universitaria especializada
en temas de comunicación, 16 es la siguiente:
"El viernes 11
de noviembre de 1960, día en que el editorial de The Nation
entraba en prensa, Jesse Gordon distribuyó 75 copias --junto con
una noticia fundada en el editorial-- a los más importantes medios
informativos, incluyendo a las corresponsalías de publicaciones
y agencias extranjeras con base en Nueva York. Los mensajeros llevaron
las copias a las oficinas principales y Gordon mismo confirmó su
recepción mediante llamadas telefónicas expresas. Hizo tres
llamadas a la agencia AP. En cada ocasión un encargado distinto
de la oficina le contestó que no había visto la copia ni
la nota adjunta y le pidió un nuevo envío, cosa que fue correspondida
con el envío de sendas copias en las tres horas siguientes. Sin
embargo, su texto jamás ingresó en los teletipos de AP. De
hecho, ni la AP ni la UPI usaron la información. Ningún servicio
cablegráfico pidió a sus corresponsales en Guatemala, ese
fin de semana, que verificasen la historia.
"El lunes 14
de noviembre, de nuevo por teléfono, Gordon habló con Francis
L, McCarthy, jefe de la sección latinoamericana de la UPI. McCarthy
le dijo: `Sí, hay una gran base en funcionamiento en Guatemala y
aviones de Estados Unidos vuelan ida y vuelta. Pero el Pentágono
niega todo conocimiento y el Departamento de Estado dice que no tiene comentario
alguno que formular. Una de las historias que escuchamos es que Estados
Unidos está construyendo la base para reemplazar a la de Guantánamo.
A despecho del conocimiento de McCarthy --o de su educada sospecha-- la
UPI no mencionó nada de la historia".(6)
De modo que hasta
ese momento, fuera de las repetidas denuncias públicas de Cuba que
la prensa norteamericana reproducía mínimamente o suprimía
del todo, solamente el Hispanic American Report, The Nation
y un único diario, la Gazette & Daily, de York, que glosó
la circular de The Nation, no hubo ninguna otra publicación
que se hiciera eco de lo que ocurría en Guatemala; y, por supuesto,
las agencias AP y UPI bloquearon la noticia pese a que sus oficinas en
aquel país centroamericano no podían ignorar la sensacional
denuncia del periódico La Hora, del 30 de octubre anterior.
El New York
Times recibió cuatro copias del resumen de The Nation.
Una para su editor local, otra para su editor nacional de noticias --Herbert
L. Matthews--, la tercera para un miembro del consejo editorial y la última
para un reportero que cubría los aspectos domésticos de la
situación cubana. Además, la historia fue despachada por
PR Newswire, un servicio de teletipo privado. Las llamadas telefónicas
al Times suscitaron interés y un pedido del número
de teléfono del Dr. Hilton. Pero nada apareció impreso.
La Gazette
& Daily, en un revelador editorial del 24 de noviembre, recogió
la historia cronológica de la reluctante prensa. Después
de reproducir la circular de The Nation, anotaba:
"La Gazette
& Daily pidió a la AP [...] que verificara la información.
La AP dijo que el artículo de The Nation le parecía
`insustancial [...] Pero cuando explicamos que no le estábamos pidiendo
que reprodujera de aquel artículo, sino, en cambio, que comprobara
su veracidad en Guatemala, la AP puso manos a la obra. A los pocos días
la AP envió una crónica que fue publicada en la página
2 de Gazette & Daily el 17 de noviembre, con el siguiente título:
`El presidente de Guatemala desmiente informes sobre una fuerza anti-Castro.
El encabezamiento resumía razonablemente la historia: la AP había
entrevistado al presidente Ydígoras, quien había `calificado
como falsas las afirmaciones publicadas por The Nation.
"En conclusión.
En una carta desde Stanford, fechada el 19 de noviembre, el Dr. Ronald
Hilton escribió lo siguiente:
"El viernes 18
de noviembre, Mr. (Lyman B.) Kirkpatrick Jr., inspector general de la CIA
o sea su segundo mando, habló con el Commonwealth de San Francisco,
sobre el tema general de América Latina. En el lapso dedicado a
las preguntas, se le inquirió: `El profesor Hilton, de Stanford,
dice que hay una base financiada por la CIA en Guatemala, donde se están
haciendo planes para atacar a Cuba. El profesor Hilton dice que sería
un negro día para América Latina y para Estados Unidos si
eso se produjera. ¿Es cierto esto? Después de un prolongado
silencio, Mr. Kirkpatrick replicó: `Será un día negro
si somos descubiertos."(7)
Por si el lector
pudiese ignorarlo, aquel Mr. Kirkpatrick, segundo de a bordo de la CIA,
es hermano de Evron Maurice Kirkpatrick, quien desde 1940 hasta su retiro
se desempeñó en la oficina de Investigación de Inteligencia
y/o director de Operaciones e Investigación Política, del
Departamento de Estado. La señora Jeane Kirkpatrick, esposa de este
último, bien puede decir que su experiencia y su ideología
tiene un comprensible origen familiar.
Con algo de
vergüenza profesional
El New York
Times, sin embargo, quizás con alguna poca vergüenza profesional,
resolvió que "algo debía decir sobre el tema. Y lo hizo el
20 de noviembre, nueve días después de publicado el editorial
de The Nation, incluyendo en su página 32 o sea casi en la
sentina del diario, un despacho sin firma, basado en la entrevista de un
corresponsal con el presidente Ydígoras. Decía: "El Presidente
calificó estos informes como `un montón de mentiras. Dijo
que la base era una de las varias en las que las tropas del Ejército
de Guatemala está siendo entrenado en guerra de guerrillas.
El objeto del
entrenamiento --dijo-- era el de combatir invasiones del tipo de las que
habían ocurrido recientemente en Honduras, Nicaragua y Panamá".
En relación
con esta `explicación', escribieron Bernstein y Gordon:
"Al mentir tanto
al hombre del Times como al reportero de la AP, el presidente Ydígoras
exhibió al menos la virtud de la consistencia. Pero hay otra observación,
más significativa, que debe hacerse respecto de estos dos despachos.
Ninguno de los dos reporteros dio el paso periodístico elemental
(o, si lo dieron, no cumplieron con su deber de hacerlo constar), de entrevistar
a algún miembro del equipo de La Hora, que había publicado
la historia el 30 de octubre anterior. Como mínimo, en verdad, debieron
haber entrevistado --o informado de un intento de entrevistarlo-- al director
del periódico, Clemente Marroquín Rojas, que era a la razón
miembro del gabinete de Ydígoras. (8) Más aún, si
de acuerdo con el Dr. Hilton, la base y sus objetivos eran `de conocimiento
común en el país, ¿recibieron los reporteros instrucciones
de, por lo menos, comprobar este `conocimiento común? Pero ambos
corresponsales eligieron ver al único hombre que con seguridad iba
a desmentir la historia, el presidente Ydígoras". (9)
Cuando preparaban
su estudio de caso, Bernstein y Gordon escribieron a la dirección
del Times explicando la naturaleza de su investigación y
pidiéndole su propia versión acerca de aquel episodio. En
carta de respuesta a Bernstein, el 27 de abril de 1967, el editor en jefe,
Clifton Daniel, hizo las siguientes especificaciones: 1) El Times
habló con el Dr. Hilton para determinar si él poseía
`algo más rumores de las evidencias a él atribuidas y que
el interpelado respondió negativamente; b) El Times pidió
a su oficina en Washington que siguieran el asunto, pero ésta `no
encontró nada'; 3) Se pidió información a un stringer
(periodista autónomo) en Guatemala y se obtuvo la respuesta de que
había habido `rumores´ acerca de una base construida por Estados
Unidos, pero que había `resultado imposible obtener una confirmación';
4) La entrevista del 20 de noviembre había sido escrita por Paul
Kennedy, el experto del Times en asuntos latinoamericanos, a quien
se le encomendó que viajara de Nicaragua a Guatemala para comprobar
qué había de cierto; pero tampoco él `encontró
nada' y archivó su entrevista mantenida con Ydígoras el día
anterior.
Puesto que el
Times y la AP habían obtenido tan magro resultado y puesto
que Ydígoras dijo a esta última que no se oponía a
que los periodistas fueran a Guatemala "a comprobar los hechos por sí
mismos", el St. Louis Post-Dispatch, periódico liberal de
Saint Louis, Missouri, envió al corresponsal Richard Dudman para
que hiciera una investigación de campo, en Nicaragua y Guatemala,
Dudman no se tomó el trabajo de entrevistar a Ydígoras pero
se movió por todas partes haciendo las preguntas adecuadas a la
gente que importaba, todo con ojo avizor y oído atento. En poco
tiempo descubrió que sí existía una aeropista de mil
200 pies de extensión restada a la selva guatemalteca y a 15 millas
de camino pavimentado más cercano. Describió la pista y las
barracas con capacidad para 500 hombres como "un notable trabajo de ingeniería"
y citó las palabras de un guatemalteco, según el cual "muchos
de los soldados de la base hablaban con acento cubano".
Crece la bola
de nieve
Dudman prefirió
despachar su historia desde El Salvador, para eludir posibles censuras,
y lo explicó con todas las letras. Su crónica se publicó
no sólo sin recorte alguno, sino apoyada por un editorial del Post-Dispatch,
en el que se leía: "¿Qué está pasando en Guatemala?
¿Quién está tratando de encubrir qué cosa y
con cuál propósito? ¿Por qué Richard Dudman
debió viajar hasta el vecino El Salvador para enviar a este periódico
su crónica acerca de lo que halló en Guatemala? ¿Y
por qué le fue necesario escribir desde San Salvador que él
apenas puede relatar `algo de la verdad?"
Estas preguntas,
obviamente estaban dirigidas al gobierno y a la prensa estadunidense, pero
tanto el uno como la otra no proveyeron ninguna respuesta. El 10 de diciembre,
The Nation preguntó en editorial: "¿Está realmente
más allá del poder de la prensa norteamericana descubrir
quién está fomentando la crisis cubana, si Castro o los Estados
Unidos?" Días después el periódico Los Angeles
Mirror envió a Guatemala, con el mismo espíritu investigador,
a Don Dwiggins, su experto en temas de aviación. Sus notas ratificaron
lo que ya era un secreto a voces: dinero del gobierno de Estados Unidos
estaba involucrado en la construcción del aeródromo y la
base de Retalhuleu.
La AP, tímidamente,
transmitió a sus clientes apenas tres párrafos de las revelaciones
de Dwiggins, quien en una nota posterior fue mucho más explícito
y detallista, (10) incluyendo un mapa ilustrativo. Reveló que los
pilotos estaban siendo reclutados en Estados Unidos con una paga mensual
de 25 mil dólares por cabeza; que resultaba fantástico construir
una aeropista para aviones jet militares en un país que no poseía
ninguno de ese tipo, que cuando preguntó acerca de ello y en forma
directa a funcionarios guatemaltecos, no se lo pudieron explicar; que hizo
la misma pregunta al embajador estadunidense John Muccio: "¿Prestó
o donó Estados Unidos a Guatemala dinero para construir una base
aeromilitar en el país?", aquél le respondió: "Usted
debe formular esa pregunta a los funcionarios guatemaltecos"; y que, con
esa respuesta en los oídos, le consultó al ministro de relaciones
exteriores local, Jesús Unda Murillo, quien le expresó: "No
es otra cosa que propaganda comunista".
Según
Dwiggins, la de Retalhuleu y otras bases en el istmo centroamericano y
en el Caribe serían utilizadas, en "una fantástica operación
aérea programada para algún momento del año 1961,
para lanzar un ataque coordinado contra Cuba". Describía la operación
aérea que meses después, en efecto, se emprendería,
con una sorprendente precisión de detalles. También se refirió
a la existencia de una poderosa radioemisora que la CIA estaba haciendo
operar desde las Swan Island (Islas del Cisne), territorio históricamente
propiedad de Honduras pero que una misteriosa compañía estadunidense
retenía como si fuese propiedad del gobierno de su país.
La radio Swan, junto con la radioemisora WRUL, llenaban el espacio radiofónico
de todo el Caribe, incluyendo programas contrarrevolucionarios como el
llamado "Rosa de la Habana" (Havana Rose). Desde ellas se difundiría
también la orden de invasión a la Isla, así como los
llamados a la rebelión interna una vez producida la agresión
en Playa Girón.
El legado
de Eisenhower
Las revelaciones
de Dwiggins se perdieron casi entre las noticias de la prensa diaria. The
Nation era apenas un semanario que circulaba en los sectores liberal
y demócrata de la intelectualidad estadunidense y los monstruos
del periodismo escrito --The New York Times, el Washington Post,
Los Angeles Times, etc.-- seguían mostrándose ignorantes
de los preparativos de invasión, mucho más probables desde
que el 3 de enero de 1961 y entre otros legados que la administración
Eisenhower legó a la de su sucesor Kennedy, aquélla rompió
relaciones con la de Fidel Castro, mientras arreciaban las denuncias de
que aviones "no identificados" estaban dejando caer bultos con armas y
pertrechos sobre distintos puntos de la isla.
Antes de que
Kennedy asumiera formalmente el 20 de enero de 1961 la presidencia de Estados
Unidos, The New York Times había enviado de nuevo a Guatemala
a su corresponsal Paul Kennedy, para que continuara averiguando cuán
cierto era lo de la base de Retalhuleu. El 10 de enero, ahora en primer
página, el Times publicaba un despacho que de hecho ratificaba
las denuncias contenidas originalmente en The Nation. Aunque siguiendo
su peculiar estilo del "equilibrio de la noticia", mencionaba "los preparativos
militares de Guatemala para lo que los guatemaltecos consideran que será
un choque inevitable con Cuba", la crónica de Paul Kennedy dejaba
en claro que los preparativos corrían por cuenta de Estados Unidos
y de los exiliados cubanos y nada tenían que ver con Guatemala:
"Fuerzas tipo comando --registraba-- están siendo adiestradas en
tácticas de lucha guerrillera por personal extranjero, en su mayoría
procedente de Estados Unidos, quien colabora también materiales
e instalaciones terrestres y aeronáuticas".
Con todo lo cautelosa
que fue la nota del Times, tuvo por virtud la de decidir a su colega
sureño, el Miami Herald, a romper el bloqueo. El 11 de enero,
en efecto, destapaba lo de la base de Retalhuleu con esta significativa
explicación: "La publicación de la presente historia sobre
el puente aéreo Miami-Guatemala ha estado retenida durante más
de dos meses por el Herald. Esta edición se resolvió
solamente después de que la ayuda de Estados Unidos a los combatientes
anticastristas en Guatemala se reveló primero en otra parte".
Esto de "otra
parte" aludía por cierto al The New York Times y al St.
Louis Post Dispatch como mínimo. Revelaba además que
el Miami Herald conocía los hechos desde antes de que los
comentara The Nation y, entre líneas, descubría la
existencia de un acuerdo tácito de la prensa --no era posible determinar
si se debía a una expresa petición gubernamental-- de no
menear el tema de Retalhuleu, acuerdo que habría sido roto por presión
de la competencia noticiosa desatada desde que The Nation lo hizo
público.
Así se
explica que el semanario Time, que en su edición del 13 de
enero se había mofado de "los continuos chillidos del pequeño
melodrama sobre una invasión", en la edición siguiente del
20 de enero informó que los unificados grupos anticastristas en
Estados Unidos representados por el Frente Revolucionario Democrático
(FRD) estaban recibiendo un aporte de 500,000 dólares de Estados
Unidos y que "la operación total" estaba dirigida por la CIA.
Ya no podía pedirse mayor claridad y exactitud. La prensa "grande" se había decidido por cumplir siquiera parcialmente con su misión profesional. De cualquier manera, iba a persistir en el juego del ocultamiento mayor y del diversionismo informativo, tanto para lo interno como para el exterior, vía agencias como UPI y AP.
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1. "Denunció Smathers que La Habana prepara intervenciones violentas", cable de UPI en La Prensa, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1960, p. 2.
2. "En las Naciones Unidas", cable de UPI en La Prensa, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1960, p. 2. Coronado Lira había formado parte del "Ejército de Liberación" de Castillo Armas en 1954, y a continuación su vocero de prensa. El 9 de abril de 1967, siendo embajador en la Argentina, el régimen de Onganía pidió su inmediato retiro, tras habérsele comprobado que utilizaba regularmente la valija diplomática para ingresar contrabando de prendas de nylon, perfumes y bebidas que vendía en Buenos Aires eludiendo las regulaciones aduaneras.
3. Cfr. Hispanic American Report, Vol. XIII, No. 8, noviembre de 1960, publicación del Institute of Hispanic American and Luso-Brasilian Studies, de la Universidad de Stanford, California.
4. "Are We Training Cuban Guerrillas?", editorial de The Nation, New York, 19 de noviembre de 1960.
5. Cfr. James Aronson, The Press and the Cold War, Cap. 11, pp. 153-169, "The Bay of Pigs". Boston: Beacon Press, 1970.
6. Victor Bernstein/Jesse Gordon, "The Press and Bay of Pigs", en Columbia University Forum. Fall 1967.
7. James Aronson, op. cit., p. 156.
8. Más tarde, Marroquín Rojas resultó electo vicepresidente de Guatemala, acompañando al mandatario Julio César Méndez Montenegro (1966-1970).
9. Bernstein/Gordon, op. cit.
10. Don Dwiggins,
"Guatemalas Secret Airstrip", en The Nation, New York, 7 de enero
de 1961, pp. 7-9.
Prensa Latina - México
El Día - México
17-7-86
Triste
papel del régimen hondureño: el derecho de peaje lo cobra
el ejército
La explosión
del contragate o escándalo de los dineros de la contra
una de cuyas partes fue a dar a las fuerzas armadas de Honduras, así,
en forma global y sin identificación de generales, coroneles o tenientes
coroneles receptores del bribe o soborno, sigue dando que hablar
en ese país tanto como en Estados Unidos.
Los 35 integrantes
del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFFAA), que es la corporación
que realmente gobierna en Honduras desde principios de la década
de 1960 digan lo que dijeren el presidente José Azocan y su aborregado
congreso, trató de paliar el efecto de ese nuevo estallido con la
creación de una comisión investigadora integrada por militares
cuyos nombres no fueron dados a conocer, organismo que, lógicamente,
no tardó mucho en declarar la total inocencia de los uniformados.
Esa autoabsolución no evitó que se supiera, por boca de Michael
Barnes, representante demócrata por Maryland, que por lo menos 742.939
dólares acordados como "ayuda humanitaria" a la contra fueron
entregados el 18 de noviembre de 1985 a las fuerzas armadas de Honduras,
y que otros 450.000 dólares fluyeron el 10 de enero de 1986 hacia
el comandante en jefe del ejército, general Walter López
Reyes.
El que ese militar
ya no ejerza aquella áulica función, no disminuyó
la gravedad de la denuncia de Barnes. Es harto sabido en Honduras que ningún
oficial, de teniente coronel para arriba, vive de su sueldo nominal. Los
invisibles "extras" constituyen su verdadera remuneración al margen
de lo que disponen los presupuestos oficiales. De otro modo no se explicarían
las suntuosas mansiones y demás propiedades de generales y coroneles,
cuyo costo no podrían solventarlo con su mero sueldo. Dos años
atrás, Walter López mismo declaró en público
que su sueldo mensual era de 7.000 lempiras (unos 3.500 dólares)
y en esos mismos instantes se hacía público que su antecesor
en la jefatura, el general Gustavo Álvarez Martínez, que
apenas duró en su cargo dos años y que fue expulsado y exiliado
por sus propios camaradas de armas, poseía una flamante residencia
valuada en un millón y medio de dólares. Multiplicando 3.500
dólares por 24 meses, la cifra totaliza 84.000 dólares. Aun
si los hubiera ahorrado toditos, no le habría bastado para dar un
enganche al vendedor. Por lo demás, pagaba al fisco unos 500 lempiras
anuales como impuesto a esa propiedad, declarada como terreno baldío.
De ese tipo de
liberalidades está formada la corrompida economía hondureña,
por otra parte una de las más pobres del Continente. En ese cuadro
el sector de la oficialidad de las fuerzas armadas es la rama de la administración
pública mejor remunerada. El presupuesto anual que se reconoce para
esa rama es de 75 millones de dólares aproximadamente, al cual deben
agregarse, desde 1981 hasta ahora, asignaciones como mínimo similares
a aquélla acordada por Estados Unidos en concepto de "ayuda militar",
que incluye armas y equipos pero también pagos "en negro".
Cuando Walter
López quedó maculado por la denuncia de Barnes, remitió
una carta al embajador John Ferch solicitándole "con urgencia la
rectificación respectiva", aduciendo que era una imputación
lesiva a su "persona, la honor de las fuerzas armadas y a la dignidad de
mi país", conceptos éstos de dudosa existencia y de mucho
más fácil probanza. López llevó su santa indignación
a exigir al gobierno de Washington "la presentación de pruebas".
A ese respecto siempre es recordable la anécdota del mexicano Luis
Cabrera, quien había acusado a un político por un delito
parecido. Como el agraviado le demandara la presentación de pruebas,
Cabrera le respondió: "Yo lo acusé a usted de ladrón,
no de imbécil".
Después
de la autoabsolución decretada por los militares y de esta exigencia
de López a Ferch, el ahora ex embajador en Honduras se procuró
una fotocopia del cheque de 450.000 dólares que el ahora también
ex comandante del ejército negó que hubiera pasado por sus
dedos. Ferch la obtuvo del Banco Central. Es sabido que ante tan flagrante
prueba López intentó una disculpa idiota: "Puede ser que
en el gran volumen de papeles que tuve que firmar, haya pasado un cheque
para las fuerzas armadas". Y por ahí fue a dar, de nueva cuenta,
a la literatura fantástica de Honduras, eso del "honor de las fuerzas
armadas" y de la "dignidad" del país.
Con la misma
impavidez López había afirmado a Ferch: "Nunca he formado
parte o intervenido en un esquema político-militar de la insurgencia
nicaragüense". Es claro que Ferch sabía cuánto de mentira
había en tamaña desmentida, pero no podía, por obvias
razones, indicarle que más le valía no menear el tema. López
exageró su desafío: "Un cheque por 450.000 dólares
debió haber sido tramitado por el Banco Central o depositado en
un banco privado. Es increíble pensar que una suma de esa magnitud
pueda perderse de manera tan fácil". Ferch no tardó en probarle
que el cheque llevaba su firma y se hallaba en el Banco Central. Pero eso
le costó su cargo de embajador en Honduras. Su superior, Elliott
Abrams, nunca tuvo sentido del humor y menos aún para asuntos de
los contras.
Tampoco los mílites
hondureños tienen sentido del humor y fueron ellos los que airadamente
exigieron la destitución de Ferch. El diplomático no sólo
los había dejado en ridículo sino que los había desnudado
en su papel de comparsas de la agresión contra Nicaragua. Un papel
que tiene precio en dólares. Es el "impuesto de guerra" o el "derecho
de peaje" por su complicidad y su silencio. Los principales nombres de
jefes y oficiales implicados en este tráfico de servicios y remuneraciones
mutuas corre en boca del pueblo hondureño. No así en la prensa
escrita o electrónica, que bien sabe que si puede ocasionalmente
atacar a la corrupción de los sectores civiles, públicos
o privados, es peligroso introducir el bisturí dentro de la crápula
castrense doméstica, la que no vacila siquiera en exterminar, llegado
el caso, a los suyos propios que se rebelen, como lo indica el asesinato
del mayor Ricardo Zúñiga Morazán, hijo del líder
conservador Ricardo Zúñiga Augustinus.
López
sabe, como lo sabe también el cuerpo de oficiales representado en
el COSUFFAA, que no menos de 1.400 kilómetros cuadrados de territorio
de Honduras está controlado, y en parte ocupado o utilizado por
los contras en sus operaciones militares contra Nicaragua. Conoce
sus refugios, sus emplazamientos, sus lugares de concentración,
sus plataformas de dispersión, sus almacenes, depósitos y
campos de entrenamiento, en cada uno de los departamentos fronterizos con
Nicaragua. Malos profesionales serían si ignoraran esa ocupación
de sus tierras por extranjeros armados que con su presencia y actividad
y solo en el departamento de El Paraíso, han provocado la ruina
de los caficultores hondureños, que por medio de la Asociación
Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFÉ) están
demandando al gobierno de Estados Unidos una indemnización de 50
millones de dólares por sus pérdidas. Apuntan bien los damnificados.
No podrían hacer la misma reclamación a las fuerzas armadas
de su patria, no menos culpables, por consentimiento, de esa situación.
¿"Honor", "dignidad"? ¿Cómo, dónde, cuándo?
Prensa Latina - México
El Día - México
18-7-86
Presunto
plan de la CIA: instalar un gobierno contra en Puerto Cabezas
Entre los variados
planes de contingencia acutalmente en consideración por los expertos
del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono, de la CIA y del
Departamento de Estado, el que por ahora cuenta con mayor confiabilidad
es, de acuerdo con filtraciones --quizás premeditadas, quizás
no tanto-- el de establecer en la ciudad más próxima de Honduras
en la Costa Atlántica, Puerto Cabezas, un gobierno provisional títere
respaldado por los rebeldes indígenas de la región adecuadamente
adiestrados para combatir.
De Puerto Cabezas
salió la flota que condujo a los cubanos anticastristas reclutados
por la CIA y militarmente instruidos por esa agencia, en su viaje de invasión
a Playa Girón, Cuba, el 17 de abril de 1961. Los barcos, también
adquiridos por la CIA, fueron complementados por cerca de una docena de
aviones que emplearon la aeropista, ampliada y adecuada al efecto, del
mismo puerto. La expedición fue personalmente despedida por el entonces
presidente de Nicaragua, Luis Somoza Debayle, cuya exhortación final
a los ciáticos fue: "¡Traedme un par de pelos de la barba
de Fidel!" El hijo mayor de Anastasio Somoza García y hermano de
Anastasio Jr., no vio cumplido su anhelo por las razones conocidas del
fracaso. Pero además murió al poco tiempo víctima
de una dolencia cardíaca.
A juicio de los
estrategas estadunidenses, Puerto Cabezas ofrece la ventaja de ser un puerto
atlántico, pero además sería fácil de defender
por tierra, de cualquier contraofensiva sandinista; utilidad anexa sería
la de su relativa proximidad a la frontera de Honduras y la de que la región
es el habitat de etnias indígenas que además de conocerla
palmo a palmo, están hoy parcialmente enfrentadas al gobierno central
de Managua. El asentamiento del gobierno títere facilitaría
la labor diplomático-política estadunidense en el exterior
y, en una instancia definitiva, su reconocimiento oficial por Estados Unidos.
La zona sería a la vez plataforma de ampliación del control
militar de esa frontera marítima hasta su encuentro con la desembocadura
del río San Juan, límite con la República de Costa
Rica. Del mismo modo lo sería para las actividades militares contras
en dirección hacia el Océano Pacífico.
Según
las versiones, lo más importante del equipamiento militar de los
contras para la próxima etapa de la agresión consiste
en lanchas rápidas artilladas capaces de actuar en el mar, en los
ríos y en los lagos de Nicaragua; aviones, avionetas y hasta helicópteros;
pero fundamentalmente para artillería antiaérea, incluyendo
los sofisticados cohetes SAM. Los 100 millones de dólares de ayuda
a los contras, solicitados por Reagan y acordados por el Congreso de Estados
Unidos, en su mayor parte se destinarían a sufragar el costo de
esos equipos.
Desde su ingreso
militar en Honduras en 1981, Estados Unidos ha construido trece pistas
aéreas militares, o bien amplió las existentes o, como en
el caso del aeropuerto de Palmerola, lo transformó en el más
importante de Centroamérica desde el punto de vista estratégico.
La mayor parte de estas aeropistas o aeródromos tienen capacidad
para el despegue y aterrizaje de los transportes C-130 y de los más
avanzados tipos de aeronaves de combate, ya que su pista fue ampliada hasta
10.000 pies de longitud. La aeropista de Puerto Lempira fue ampliada hasta
6.000 pies de longitud, la de Rus Rus hasta 5.000 pies de longitud y la
de El Aguacate (base aérea Lobo), hasta 5.500 pies. Estas tres últimas,
las que más conectadas están con el aprovisionamiento logístico
a los contras, se verán reforzadas con la habilitación del
aeropuerto de Durzuna, en Mocorón, sede del 5o. Batallón
de Infantería, al mando del teniente coronel Mario Amaya Amaya.
Al ser inaugurada esta aeropista, el 22 de abril pasado, se le preguntó
"si los contras podrían ser entrenados por los boinas verdes
en su jurisdicción". El interpelado respondió: "Yo sólo
cumplo órdenes". Durzuna está ubicado a 27 kilómetros
de la frontera con Nicaragua, en el departamento de Gracias a Dios, en
la Mosquitia hondureña.
El 9 de julio,
el general John Galvin, jefe del Comando Sur del ejército de Estados
Unidos con sede en Quarry Heights, ex Zona del Canal, Panamá, inauguró
una nueva pista para aviones de todo tipo en el aeropuerto de Golosón,
sobre la Costa Atlántica hondureña. Dijo en la ocasión
que con ésta eran tres las instalaciones de esa clase construidas
en Honduras con financiamiento norteamericano. En el caso de Golosón,
el costo fue de tres millones de dólares. Estas obras, en unión
de las de Rus Rus, Puerto Lempira y Durzuna, constituyen el dispositivo
aéreo más cercano a la frontera con Nicaragua en el sector
menos poblado de este país y por lo tanto el menos guarnecido militarmente.
Las construcciones y establecimientos, incluyendo depósitos y almacenes,
sólo tienen explicación en el marco de los preparativos bélicos
estadunidenses en la región.
Son estas construcciones las que, a juicio de observadores en Washington, refuerzan la teoría de que será en esa región donde se instalaría el grueso de los combatientes contras y eventualmente la sede del gobierno títere gestado y sostenido por Estados Unidos.