Fragmento de una conversación entre tres chilenos progresistas, a propósito de ciertas noticias y titulares mercuriales: "Nuestro pequeño Chiapas", "1999. el año de la rebelión Mapuche" "El fuerte Mininco".

Conversador uno: "El gobierno actúa como empresa... Y, como empresa, lógico que esté del lado de los empresarios y no de los indios".
Conversador dos: "Lógico, pero inaceptable... Desde hace por lo menos veinticinco años que las autoridades de turno se comportan con un desprecio total por la diversidad".
Conversador tres: "Yo creo que no se trata sólo de respetar o apreciar la diversidad... Se trata de construir una sociedad en que la mayor riqueza sea, precisamente, la diversidad, la diferencia.".
Conversador dos: "Onda un brain storm social, cultural, político, permanente.",
Conversador tres "Obvio... y el pueblo Mapuche ahí tendría mucho que aportar ¿o acaso no hace urgente falta un replanteamiento de nuestra relación con el mundo. con la Naturaleza?".
Conversador uno: "Urgencia total.., Claro que, para eso, el pueblo Mapuche tiene que seguir siendo pueblo Mapuche. Porque, si como plantean Lamarca y Riesco, se les trae a la ciudad y se subsidia su incorporación a la sociedad chilena, ya serían otra cosa, sólo más chilenos pobres en las poblaciones".
Conversador dos: (pensativo) "Eso.., y para que sigan siendo Mapuche deben restituirse sus territorios... Sin los territorios no hay cultura Mapuche, sólo más chilenos pobres en los campos".
Conversador uno: (ligeramente inquieto) "Restitución de los territorios? ¿Y de cuánto creen que estemos hablando?".
Conversador dos: "No cacho.., pero debe ser harto, como del Bío Bío a Chiloé".
Conversador uno: (pausa) "No, claro. ni cagando".
Conversador tres: (pausa) "Ni cagando".
Conversador dos: (algo alterado) "No, olvídate... Además, ligerito empezarían con la onda de la autonomía y de la autodeterminación"
Conversador uno: (francamente molesto): "¡Chisss!".

Los ministerios están Llenos de exbienintencionados.

La presencia de "lo indio" en nuestras sociedades (y la chilena no es una excepción), es ubicua y tiene múltiples expresiones, Está en evidencia, esta presencia, en el seno de las comunidades indígenas rurales y urbanas; se expresa clandestinamente, también, en la vida cotidiana de muchos segmentos de nuestras sociedades. Esta presencia enmascarada se hace mayor de manera directamente proporcional al grado de marginación económica de los diversos grupos que conforman la población, La discusión respeto del ya manoseado "problema indígena" es, en el fondo, una reflexión que tiene que ver con los proyectos de desarrollo nacional. Coexisten dos (o más) proyectos culturales para un "futuro posible", por cuanto coexisten dos (o más) culturas. Una de ellas, la occidental invasora, ha sido hegemónica se ha apropiado de modo permanente de la tarea de orientar y definir los cursos de desarrollo del país entero. Siempre, por su propia naturaleza, todas las decisiones y opciones que esta cultura hegemónica ha definido, han significado el arrinconamiento de la otra. El proyecto de desarrollo occidental de nuestros países ha sido negador y excluyente de cualquier otra posibilidad cultural.

Hay quienes quieren ver un paralelo entre la actual "crisis" (planteado de este modo por el gobierno y empresarios, para erradicar cualquier intento por considerar la posibilidad que se trate de un conflicto continuo e insoluto) y el alzamiento indígena del estado de Chiapas, en México. Las políticas específicas tendientes a homogeneizar la sociedad y desnaturalizar sus componentes indígenas son de larga data en México, Nos Llevan ventaja.
Hubo un único proyecto, un momento histórico particular en la historia mexicana, que estuvo a punto de convertirse en un proyecto nacional alternativo: el de la lucha encabezada a comienzos de siglo por Emiliano Zapata. La lucha del gran ejército del sur era una revolución agraria un con8icto de clases, pero era más que eso: contenía un fuerte componente cultural, la defensa de los pueblos la defensa y rebeldía de formas de vida y culturas forjadas a través de siglos y siglos Pero fue la propia Revolución Mexicana triunfante la que derrotó a Emiliano Zapata, La esencia misma del proyecto zapatista fue eliminada de la constitución de 1917 (por no mencionar además, el asesinato del caudillo), y sólo se incorporaron en esa carta magna los elementos del planteamiento agrario zapatista que no fueran incompatibles con las metas de desarrollo occidental propuestas (impuestas) por los conductores de la institucionalización de la revolución.
A partir de ese momento, los señores dominantes de la sociedad mexicana, entre otras tareas urgentes, se abocaron a la de solucionar lo que se denominó "el problema indio". Se planteó y Llevó a la práctica una compleja política indigenista oficial, orientada a incorporar a los diversos pueblos indios a la "sociedad mexicana', venciendo lo que se definió como "el atraso intrínseco de los indios", mediante un programa de "desindianización". Se recurrió a los propios jóvenes de las comunidades, a quienes se les Llevó a medios "civilizados" para ser educados en escuelas y universidades e institutos de pedagogía. Una vez "convencidos de la inferioridad de sus culturas", se les devolvió como "agentes de cambio" al seno de sus comunidades, a predicar la superioridad de la "cultura nacional".
Los reiterados alzamientos campesinos e indígenas a lo largo de la historia de México han tenido orígenes comunes: el uso y tenencia de la tierra. Los levantamientos en armas han tenido momentos de influencia nacional cada vez que el campo ha sido llevado a situaciones límite. Cuando las balas tronaron en Chiapas el primero de enero de 1994, el mundo pareció decir "bueno, es cierto que esos pobres indios estaban bien pobres", Pero el EZLN surge desde las sombras de la selva Lacandona con pretensiones que van más allá de la simple reivindicación de la supervivencia. Se enfrentan al sistema con un perfil de cambio radical en las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas a nivel nacional ..., y regional.

Un paralelo evidente entre los sucesos de Chiapas en México, y los de la región de la Araucanía que han Llamado la atención pública en los últimos meses, es la actitud y el discurso de las autoridades políticas y empresariales. Estas afirman que el conflicto no es nacional ni regional, sino puntual y local; que la agitación indígena ha sido provocada, en gran medida, por extranjeros infiltrados en su movimiento, los que deben ser expulsados del país; que fuerzas políticas ilegales y extremistas han fomentado y organizado los desórdenes; que la solución pasa necesariamente por dar cumplimiento a algunas de las reconocibles reivindicaciones económicas de las familias indígenas, pero sobre todo, por integrar a los pueblos indios a la sociedad nacional; que las autoridades no permitirán la expresión del descontento por vías violentas, imponiendo el orden a cualquier precio; en fin, los empresarios exigen del gobierno una actitud dura, implacable, inequívocamente alineada con los intereses de las empresas.
Y sin embargo, hay antecedentes sobrados para rebatir cada uno de los anteriores argumentos y para poner en duda cada una de las actitudes de las autoridades.
El proceso de pérdida de las tierras indígenas en la mayor parte dei continente americano tiene 500 años de desarrollo, pero en el caso de los territorios Mapuche comienza en 1867, con la fortificación de la línea del Malleco y el plan de ocupación militar progresiva.
El origen de la pérdida de tierras indígenas se inicia en el siglo pasado, como explica el historiador especializado en conflictos de tierras indígenas, Martín Correa, y este proceso fue regulado en virtud de diversos decretos supremos y decretos leyes dictados por el Estado chileno,
El primer Decreto Supremo con que se inicia la formalización del despojo data del 14 de marzo de 1853. En él se regulan los procedimientos de compra de territorios Indígenas sentando el primer precedente de reconocimiento de la propiedad indígena.
¿Pero, por qué se reconoce legalmente la propiedad indígena, considerando que estos pueblos estaban siendo derrotados militarmente? Porque se trata de una enorme extensión de territorio y de una abundante población indígena organizada en más de tres mil comunidades. Los territorios que se extienden del Bío Bío al sur, hasta Chiloé, son por ese entonces territorios indígenas y aunque las comunidades carecen de títulos de propiedad, cuentan con su ocupación permanente. El Estado estaba empeñado en desarrollar un fuerte proceso de colonización en la zona, y al reconocer la propiedad indígena, al regular y establecer cuáles son dichos territorios, todas las demás tierras pasan a ser catalogadas como "territorios baldíos" o "sin dueño", fiscales. Estos territorios, en términos legales son susceptibles de ser destinados a los colonos.
Para tales efectos, el 4 de diciembre de 1866, el Gobierno dicta una ley en que especifica que "se reputarán como terrenos baldíos y por consiguiente propiedad del Estado, todos aquellos respecto de los cuales no se haya probado una posesión efectiva y continuada de un año por lo menos... Al fijar los linderos, se referirán los límites naturales".
Lo que hace el Estado con estas leyes, explica Correa, es asignar títulos de merced a aquellos terrenos que el fisco le reconozca a los indígenas como propios. "Es ahí, de hecho, donde se origina todo el conflicto actual", sostiene, "por cuanto lo que se le reconoce a las familias indígenas son aquellos terrenos en que se encuentran las huertas, las viviendas, y todo aquello que esté cercado... en el esquema de la agricultura y de la tenencia de tierras occidental, dejando fuera de este concepto todo lo que son terrenos de pastoreo, de ramoneo, de recolección de frutos y leña, de zonas de caza... y veranadas e invernadas en el caso de los pueblos Pehuenche de la cordillera.
Así, se deja fuera de la propiedad indígena, todos aquellos amplios terrenos que permiten y aseguran la reproducción familiar de los comuneros".

Los siguientes años son de batallas y asonadas militares, acompañadas de una fecunda labor legalista. Desde el Malleco la línea de fortificación se adelanta al Traiguén, en I 878, y luego al Cautín, en 1880. Las razones públicas de esta avanzada eran expuestas por el Estado. Incorporación de tierras para la agricultura (había una fuerte demanda de trigo desde California, producto de la fiebre del oro), apertura de nuevos mercados (con Argentina), sentar soberanía sobre un territorio no sujeto a las leyes chilenas, poner término a la barbarie en que se encontraba el indígena, poblamiento con inmigrantes europeos para potenciar el desarrollo agrícola.
"A las familias indígenas se les entregaba títulos de merced por terrenos de mínima superficie', relata Martín Correa, "con un promedio de seis hectáreas por familia, entregándose títulos por un total de 510 mil hectáreas para 83 mil personas".
Paralelamente, comenzaba la campaña de colonización masiva, generando graves diferencias en el trato, como queda de manifiesto en el Artículo IIº de la ley del 4 de agosto de 1874: "A los particulares que quieran establecer colonias por su cuenta en el territorio indígena, se les concederá hasta I5C hectáreas de terrenos planos o lomas, o bien el doble de las serranías o monta ñas, por cada familia inmigrante de Europa o de los Estados Unidos de Norte América".
En definitiva, la entrega de terrenos a las comunidades indígenas mediante esta figura legal, correspondió a alrededor de un 5% de los terrenos efectivamente ocupados por los Mapuche, atentando así contra la supervivencia material y cultural de las familias indígenas. Tampoco se respeta ron los deslindes naturales. "Por lo general las comunidades des lindaban entre sí por un río, o por un cerro, o por una quebrada..., ", detalla Correa, "pero con estas leyes se generaron figuras geométricas totalmente alejadas de la forma de ocupación rea de los territorios. Así, las comunidades que antes deslindaban entre sí, dejan de hacerlo, y entre ellas se extienden grandes paños que son catalogados como sobrantes o baldíos, los que pasan a poder del fisco y luego son rematados a colonos chilenos y extranjeros, Esto tiene importancia porque aquellos son los terrenos que hoy están en manos de las empresas forestales".
En el mes de octubre de 1882, un Decreto Supremo crea e París la Agencia General de Inmigración. A los colonos se les entregaba pasajes desde Europa a Chile, traslado gratuito hasta s sitio de destinación nacional, tablas y clavos, yunta de bueyes, vacas con crías, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año, asistencia médica por dos años.
Se acordaron de este modo numerosos contratos de colonización entre el Estado y varias empresas colonizadoras, dándose concesiones de extensiones de tierras que alcanzaban un promedio de 700 hectáreas por familia.
"Luego, aparte de entregar tierras supuestamente baldías a los colonos, empieza a hacerse remates de terrenos fiscales disponibles, por paños que iban de las 200 a las 500 hectáreas", agrega Correa, "pero la ley no regulaba la cantidad de hijuelas que podían ser rematadas por un mismo individuo; de este modo, muchos remataban numerosas hijuelas colindantes de 500 hectáreas, dando nacimiento a gigantescos fundos, entre los cuales el más famoso es el de la familia Bunster, que armó un fundo de 20 mil hectáreas entre Traiguén y Victoria.
Esto marca una diferencia: los paños más grandes entregados mediante título c merced tienen dos mil a mil quinientas hectáreas... y en esos campos viven no una, sino doscientas a trescientas familias indígenas".
Finalizado el período de radicación, en 1931, se dictó el Decreto Supremo que estableció que, una vez que otorgados los títulos de merced, podía accederse a e división de las comunidades. Un recurso utilizado frecuentemente por los grandes propietarios vecinos a las comunidades, fue la treta de la fiesta, del asado de caballo, de la borrachera, en que se invitaba a los vecinos indígenas para sonsacarles contratos de arrendamiento o hipoteca, ofreciendo créditos impagables, para presionar la división de las comunidades y la venta de las hijuelas. En esta etapa se dividió a la gran mayoría de las comunidades (quedando al final no más de un centenar de las tres mil). Hasta 1947, se perdieron unas 100 mil hectáreas de esta forma, y se forjaron grandes fundos que ocuparon tierras que habían estado contempladas dentro de los títulos de merced.
Nacen verdaderos imperios rurales, entre los que destacan los de las familias Angellni, Gisellini y Duhart.

Hasta que llegó el parelé. Para poner fin al festín cuatrero, el gobierno de la Unidad Popular dictó la Ley 17.729 en 1972, la que vino a poner término (por un tiempo demasiado breve) al proceso de división de las comunidades. Con esta ley se estableció la posibilidad de restituir tierras indígenas a través de la Reforma Agraria, y se puso término al juzgado de indios. Martín Correa afirma que "el objetivo político de esta reforma era la superación de la pobreza en que se hallaban inmersas las familias indígenas, pero no se avanzó en la consideración de los indígenas como pueblo... ese ha sido el gran problema que ha cruzado la historia de Chile: a los indígenas siempre se les ha tratado y considerado en la categoría de campesinos pobres, y no en la de indígenas, de pueblos que tienen una relación cultural distinta con la tierra.
AI campesino pobre tú le ofreces tierra en cualquier lado y se va. No así con los indígenas, que tienen una relación de pertenencia fuerte con los sitios en particular con sus santuarios, sus lugares de Nguillatún, sus cementerios... Estos elementos, en nuestra cultura, no poseen valor calculable.
Entonces, se pone en marcha un plan de superación de la pobreza para campesinos pobres y comunidades indígenas por igual".
Se puso en marcha un convenio entre la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Indígena para ampliar la cabida de las tierras indígenas, logrando que se extendiera la superficie de tierras indígenas hacia sus territorios ancestrales. Las comunidades indígenas, mediante un acuerdo CORA-CONAF, sembraron cientos y cientos de hectáreas con bosques en los territorios recuperados.
Sin embargo, no se alcanzó a hacer traspaso efectivo de los títulos de propiedad de las tierras quedando éstos en manos de la CORA... hasta que llegó el golpe, y con el golpe, la contrarreforma agraria: desalojo violento de las familias indígenas y devolución de los predios a sus "antiguos" dueños, revocándose los decretos expropiatorios. Con este procedimiento, no sólo se vio frustrada la recuperación de las tierras comunitarias sino que se perdió la inversión y el trabajo realizado por las comunidades en esos predios. Así, los terrenos que volvieron a las manos de los particulares expropiados tenían ahora una serie de mejoras realizadas, entre ellas, la plantación de bosques... Desde hace cinco años esos bosques están en edad de tala y cosecha. "Por eso es que cuando los indígenas dicen 'los bosques son nuestros', no es que se estén refiriendo a los bosques americanos precolombinos, sino que se refieren a los bosques que fueron plantados por ellos, con su trabajo, en virtud de acuerdos con organismos del Estado chileno", sentencia Correa.
La recuperación democrática fue una promesa para todos, incluyendo a las comunidades y familias indígenas. En virtud del acuerdo de Nueva Imperial, antes de las elecciones en que resultó vencedor Patricio Aylwin, donde el candidato de la Concertación se dio cita con numerosos dirigentes y representantes de las diversas comunidades del país entero, se llegó al acuerdo de que los indígenas apoyarían la candidatura opositora en la medida en que la Concertación promoviera la creación de una ley indígena que tendiera a proteger las tierras indígenas a ampliar los territorios, a potenciar la cultura...
Se hicieron 900 congresos indígenas a lo largo de todo Chile... Aymaras, coyas, Mapuche, Pehuenches, huilliche, etc... y una vez Aylwin en La Moneda, se dictó la Ley 19.253, única que, junto a la de la nacionalización del cobre, fue aprobada por la unanimidad del parlamento. En ella se establece que "es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación",
Con el paso de los años, para el pueblo indígena ha ido quedado en evidencia el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos que se habían tomado con las comunidades. "La Ley se dicta para proteger, promover y ampliar las tierras indígenas, pero lo que el Gobierno está haciendo hoy en Ralco y con las empresas forestales es quitar tierras", denuncia Correa. "Y siempre se hace esto en nombre del desarrollo; es lo que pasa en las comunidades Aymaras del norte con las aguas, cuyos derechos están inscritos a nombre de las compañías mineras... en nombre del desarrollo; se sostiene que las empresas forestales son un pilar fundamental para... el desarrollo nacional; se asegura que la única forma de superar la crisis energética es a través del sistema de represas en el Alto Bío Bío... en nombre del desarrollo,.. Y este es un desarrollo que nunca jamás ha favorecido a las comunidades y sí a las empresas privadas".

El actual es un gobierno "moderno", desarrollista. No, no es un gobierno, en realidad es una empresa dedicada al más rentable de los negocios contemporáneos la política. El Presidente de la República actúa como gerente general, al igual que cada Ministro lo hace en su cartera, Los desempleados son víctimas del recorte de personal. Aquí no se habla de gobernar, sino de administrar.
La administración Frei mantiene óptimas relaciones con el resto de los empresarios del país. Administra en su beneficio.
Esta administración es heredera de pasadas administraciones. De pasados discursos y políticas. Bien le sientan algunas herencias, como aquel mensaje al Congreso de 1883, acerca del término de la guerra en Arauco: "La Araucanía entera se halla sometida, más que al poder material, al poder moral y civilizador de la República. En estos momentos se levantan poblaciones importantes, destinadas a ser centros mercantiles e industriales de mucha consideración, en medio de selvas vírgenes y campiñas desconocidas, que eran hasta ayer el santuario impenetrable de la altivez e independencia araucana".
Los pueblos indígenas de Chile, así como los pueblos indígenas del resto del continente, no han salido a denunciar los abusos a última hora, Recuerdo que hace casi ocho años, asistí a un encuentro de representantes de pueblos indígenas desde Canadá a Chile para la campaña de Quinientos Años de Resistencia India, Negra y Popular Se dieron cita en un pequeño pueblo del estado de Morelos, Xoxocotla. Ahí llegaron todos con sus programas de lucha desarrollados a lo largo de años de trabajo, Los representantes de los pueblos indígenas chilenos traían consigo una declaración fechada en 1989. Manifestaban en él que "el Estado de Chile, al no reconocer la existencia de los pueblos Aymara, Mapuche, Rapa-Nui y Kawashkar, con sus culturas propias y diferenciadas, perjudica abiertamente nuestras posibilidades de desarrollo. Sistemáticamente se nos niega nuestro derecho de participación en las políticas que afectan nuestra vida y cultura como pueblos".
En esa misma declaración se agregaban ocho frentes de conflicto en los que los pueblos indígenas de Chile concentraban sus energías. Entre ellos, anotaban, "el proyecto de construcción de represas en el Alto Bío Bío, que se pretende llevar adelante sin evaluar los efectos ecológicos, culturales y económicos, y sin ninguna participación del pueblo Pehuenche directamente afectado. También destacaban: "la irracional explotación de los recursos forestales en territorios indígenas..., dañina para la tierra y el medio ambiente",

Es evidente el valor actual de estos planteamientos.