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CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN EL PERU

Decreto del 2 de junio de 2001, publicado el lunes 4 de junio de 2001 en El Peruano

Crean Comisión de la Verdad

DECRETO SUPREMO

Nº 065-2001-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

VISTO:

El proyecto de creación de la Comisión de la Verdad presentado por el

Grupo de Trabajo Interinstitucional creado mediante Resolución Suprema

N° 314-2000-JUS;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo Primero de la Constitución establece que la defensa

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de

la sociedad y el Estado; 

Que, es deber de la sociedad y del Estado

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, como expresión

de la supremacía de la persona humana, fin y objeto de todo el sistema

democrático;

 Que, es deber del Estado promover y garantizar la

convivencia pacífica entre todos los miembros de la sociedad; Que, en

mayo de 1980 organizaciones terroristas desencadenaron la violencia

contra la humanidad y miles de peruanos resultaron víctimas de la

violación de sus derechos más elementales tanto por obra de dichas

organizaciones terroristas como por la de algunos agentes del Estado

con un trágico saldo de crímenes, de desaparecidos y de otros graves

hechos que no fueron esclarecidos; 

Que, el doloroso proceso de

violencia vivido por el país en las dos últimas décadas debe ser

esclarecido plenamente, no debe quedar en el olvido y que el Estado

debe garantizar el derecho de la sociedad a la verdad;

 Que, un Estado

y sociedad democráticos deben enfrentar el pasado con firmeza y sin

ánimo de venganza, esclareciendo todos los hechos reñidos con las

libertades y postulados democráticos; 

Que, una Comisión de la Verdad

es el medio idóneo tanto para esclarecer los hechos de violencia

terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos que

ocurrieron durante ese período como para que éstos no se repitan,

creando las condiciones necesarias para la reconciliación nacional

fundada en la justicia; De conformidad con lo dispuesto en el inciso

24) del Artículo 118@ de la Constitución Política del Estado; Con el

voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Créase la Comisión de la Verdad encargada de esclarecer

el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista

y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de

1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones

terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer

iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los

peruanos. La Comisión de la Verdad propenderá a la reconciliación

nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen

democrático constitucional.

Artículo 2º.- La Comisión tendrá los siguientes objetivos:

a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como

los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del

Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que

atravesó el Perú; b) Contribuir al esclarecimiento por los órganos

jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y

violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones

terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el

paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de

lo posible, las presuntas responsabilidades; c) Elaborar propuestas de

reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares; d)

Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como

garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por

medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y, e)

Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

Artículo 3º.- La Comisión de la Verdad enfocará su trabajo sobre los

siguientes hechos, siempre y cuando sean imputables a las

organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos

paramilitares:

a) Asesinatos y secuestros;

b) Desapariciones forzadas;

c) Torturas y otras lesiones graves;

d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y

nativas del país; e) Otros crímenes y graves violaciones contra los

derechos de las personas.

La Comisión no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no

sustituye en sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Artículo 4º.- La Comisión de la Verdad estará conformada por siete

personas de nacionalidad peruana, de reconocida trayectoria ética,

prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas con la defensa

de la democracia y la institucionalidad constitucional. El Presidente

de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros,

designará a los miembros de la Comisión por Resolución Suprema.

Artículo 5º.- Dada la naturaleza excepcional de sus funciones, los

miembros de la Comisión de la Verdad contarán con las medidas de

seguridad apropiadas que disponga el Poder Ejecutivo. El Poder

Ejecutivo, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o

cualquier otra institución, funcionario o servidor, dentro del ámbito

del Poder Ejecutivo, deberán prestar su apoyo y colaboración a la

Comisión para el cumplimiento de sus funciones. El Poder Ejecutivo, en

apoyo a la Comisión de la Verdad, realizará las coordinaciones

necesarias con los otros poderes del Estado para promover la

cooperación de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión

de la Verdad podrá proponer y suscribir, a través del Poder Ejecutivo,

acuerdos especiales de cooperación con el Poder Legislativo, el Poder

Judicial, el Ministerio Público y toda otra institución

constitucionalmente autónoma.

Artículo 6º.- La Comisión de la Verdad

gozará de las siguientes atribuciones para el cumplimiento de su

función:

a) Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad,

funcionario o servidor público toda la información que considere

pertinente. 

b) Solicitar la cooperación de los funcionarios y

servidores públicos para acceder a la documentación o cualquier otra

información del Estado.

 c) Practicar visitas, inspecciones o cualquier

otra diligencia que considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión

podrá contar con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante

sus labores. 

d) Realizar audiencias públicas y las diligencias que

estime conveniente en forma reservada pudiendo guardar reserva de la

identidad de quienes le proporcionen información importante o

participen en las investigaciones.

e) Gestionar las medidas de

seguridad para las personas que, a criterio de la Comisión, se

encuentren en situación de amenaza a su vida o integridad personal. 

f) La Comisión de la Verdad establecerá canales de comunicación y

mecanismos de participación de la población, especialmente de la que

fue afectada por la violencia. 

g) Aprobar su reglamento de organización y funcionamiento internos para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Artículo 7º.- La Comisión de la Verdad iniciará su funcionamiento a

partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dieciocho

meses. Este plazo podrá ser prorrogado por cinco meses más. El Informe

Final de la Comisión de la Verdad se presentará al Presidente de la

República y a los titulares de los otros poderes del Estado. Será

publicado y puesto en conocimiento de la ciudadanía. Los testimonios y

documentos que reciba serán reservados. Al término de sus funciones,

el acervo documentario que hubiera recabado la Comisión a lo largo de

su vigencia, será entregado, bajo inventario, a la Defensoría del

Pueblo, bajo estricta reserva de su contenido. 

El Poder Ejecutivo atenderá las recomendaciones de la Comisión, 

en tanto sean compatibles con la ley.

Artículo 8º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el

Ministro del Interior y el Ministro de Justicia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La Comisión de la Verdad establecerá una Secretaría

Ejecutiva como órgano de apoyo para el cumplimiento de sus funciones.

Podrá contratar los servicios de profesionales de las diversas ramas

científicas necesarias para el correcto desempeño de su mandato, entre

los cuales se incluirán abogados, sociólogos, psicólogos, expertos en

medicina y antropología forense, entre otros. La organización y

funciones de la Secretaría Ejecutiva serán establecidas en su

reglamento. 

Segunda.- Son recursos de la Comisión de la Verdad:

a) Los que sean transferidos para tal efecto por el Ministerio de

Economía y Finanzas. b) Los que se consignen en el Presupuesto General

de la República para los próximos ejercicios fiscales. c) Los que

obtenga directamente de la cooperación internacional. d) Otros que se

deriven de donaciones.

Tercera.- Los miembros de la Comisión de la Verdad serán designados

dentro de los 30 días contados a partir de la vigencia del presente

Decreto Supremo. Instalada la Comisión, tendrá un plazo de 90 días

para organizar sus trabajos y elaborar los documentos reglamentarios

pertinentes. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del

mes de junio del año dos mil uno

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR

Presidente del Consejo de Ministros

ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA

Ministro del Interior

WALTER LEDESMA REBAZA

Ministro de Defensa

DIEGO GARCIA SAYAN LARRABURE

Ministro de Justicia

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