Victor Alonso. 1994.

Estas eran las siglas tras las cuáles se ocultaban los elementos fascistas del aparato del estado, que actuaban con total impunidad, tanto aquí como en otros países.

 Aznar quiere "pasar página sobre el GAL". Pero, claro, después de haber utilizado este escándalo como arma electoral contra el PSOE. EL PP disolvió la Comisión GAL del Senado justo cuando se iban a investigar las conexiones de los Gobiernos de UCD con la guerra sucia. Cada vez se ve más clara la hipocresía que está detrás de todas sus acusaciones. El general Sáenz de Santa María tuvo una entrevista privada con Martín Villa horas antes de aparecer en la Comisión GAL. No hay que ser adivino para comprender lo que Sáenz le dijo. 

Está claro que advirtió a Martín Villa que el asunto GAL era una cuestión de estado y, que si seguían por ese camino, el propio PP podría acabar arrastrado por el peso muerto de la guerra sucia.

 Sáenz representaba al aparato del estado y su advertencia llegó rápidamente a Aznar, que ordenó la liquidación inmediata de la Comisión GAL. En el fondo, la derecha nunca ha tenido interés alguno en que reluciera la verdad sobre el terrorismo de estado.

 Encima, Felipe González reconoció que en trece años de gobierno y a veinte años vista de la muerte del dictador, ha sido incapaz de limpiar el aparato del estado de elementos ultraderechistas y augura nuevos GAL. 

No le faltó razón a González. Con el PP el terrorismo de estado continúa, aunque de una forma más sútil. Los etarras que insolitamente aparecen suicidados en las cárceles españolas con las manos atadas a la espalda así lo confirman.

 Quizá algún día estas misteriosas muertes sean objeto de investigación judicial.

El escándalo de los GAL apareció, tras varios años reposando en los olvidados archivos de la Audiencia Nacional, en un momento de enorme crispación social e impopularidad del Gobierno PSOE.

 Como suele ocurrir en estos casos, no fueron ni el gobierno ni la justicia los descubridores de los GAL, sino un puñado de periodistas valientes que desde diferentes medios tuvieron que superar mil y un obstáculos, críticas e insultos para terminar publicando hace ahora ocho años lo que Amedo y Domínguez denuncian después.

 Lo fundamental del caso GAL se sabía ya desde que los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués publicaron en 1990 su libro "Amedo, el estado contra ETA". 

Sin embargo, las pruebas aportadas por Amedo y Domínguez, tras seis años de silencio esperando la promesa del indulto, han sido cruciales para el descubrimiento de la verdad.

 Hasta hace poco, sólo el ex-subcomisario José Amedo y el ex-inspector Michel Domínguez, condenados a 108 años de prisión, y en régimen abierto desde julio de 1993, habían sido procesados por el caso GAL. 

La versión oficial, totalmente inverosímil, era que estos dos policías habían creado, financiado y dirigido los GAL por su cuenta y riesgo.
 

Entonces, ¿qué hacían el responsable de operaciones del Ministerio del Interior, el jefe superior de Policía de Bilbao y el jefe de la Brigada de Información del Mando Único Antiterrorista visitando a Amedo y Domínguez en la cárcel de Guadalajara unos meses después de su procesamiento? 

¿Qué hacía, Rafael Vera, ex-secretario de Estado para la Seguridad, entrevistándose con las mujeres de los dos policías encarcelados? 

¿Qué hacía el secretario personal de Vera, Juan de Justo, viajando a Suiza con maletines repletos de dinero proveniente de los fondos reservados para entregárselo a las esposas de los procesados? 

¿Qué hacía Julián Sancristóbal, ex-director de la Seguridad del Estado y ex-gobernador civil de Vizcaya rectificando de su puño y letra un comunicado de los GAL?.

 Es evidente que sólo la absoluta confianza en la cobertura legal y política que le suministraba el Gobierno, la impunidad total que le garantizaba el ejecutivo, puede explicar el cúmulo de chapuzas y despropósitos de una trama secreta de terrorismo de estado como fue el caso GAL. 

Es evidente, también, que el ex-ministro de Interior, Barrionuevo, así como su jefe en el Gobierno, Felipe González, estaban al tanto de todo y por tanto, eran los máximos responsables de los GAL.

 ¿Como ocurrió esto? Al llegar al gobierno en 1982, Felipe González y su equipo no se atrevieron a depurar el aparato del estado, lleno de fascistas, y continuaron la misma política de terrorismo de estado que inauguró el franquismo. 

El Gobierno PSOE en vez de enfrentarse a los sectores más reaccionarios de la sociedad, apoyándose en los 10 millones de votos que recibió, y realizar una política al servicio de los intereses de los trabajadores, se convirtió en el instrumento político del gran capital, la Iglesia y los militares.
 

Alianza Popular, antecesora del PP, apoyó al Gobierno de UCD que sostuvo al Batallón Vasco-Español. 

En aquella época, el siniestro Martín Villa era el Ministro del Interior, que ahora ocupa un puesto en la dirección del PP de Aznar. Además, el anterior presidente del PP, Manuel Fraga, y ahora, de la Xunta, en su época de jefe de la oposición le decía a González: "En materia antiterrorista nunca le sacaré los colores" y alardeaba de ello. Por tanto, ¡que se callen los complices!.

 ¿Quién tiene que abrir la boca en este tema? El pueblo vasco que sufrió la represión de sus libertades y derechos nacionales bajo el franquismo y no vio reconocido su derecho a la autodeterminación bajo la "democracia" y la clase trabajadora del Estado español, auténtica protagonista en la lucha por las libertades democráticas. 

¿Podemos confiar en la justicia? ¿Podrán llegar los jueces hasta el final? Difícilmente. Las trampas legales de Vera para retrasar y obstaculizar su procesamiento; la renuncia del fiscal original del caso, Ignacio Gordillo, tras las presiones y amenazas recibidas; el contraataque gubernamental contra Garzón; la sentencia de González: "nunca podrá demostrarse la implicación del Estado en la trama de los GAL" después de desvelar que el estado también se defendía desde las alcantarillas; son simples botones de muestra de las dificultades que acompañarían una investigación independiente.

 La justicia, a pesar de que puedan existir buenos profesionales, está al servicio de la clase dominante que no le interesa que se llegue hasta el fondo. 

Si antes Amedo y Domínguez fueron los cabezas de turco, ahora se buscarán unos nuevos que paguen el pato, con tal de echar tierra sobre el asunto. Para el esclarecimiento total de los hechos no podemos confiar en la justicia burguesa. Tampoco en comisiones de investigación parlamentaria, puesto que tanto el PSOE como el PP, están interesados en mantener lo más oculto posible la verdadera responsabilidad del terrorismo de estado. La única solución para esclarecer la verdad en torno al terrorismo de estado es la investigación independiente a cargo de una comisión internacional. Los marxistas del IZQUIERDA REVOLUCIONARIA pensamos que es prioritaria la movilización de la clase obrera y la juventud en torno a un programa mínimo que plantee: 

* La creación de una comisión internacional integrada por personalidades independientes, sindicalistas de reconocido prestigio, representantes de asociaciones democráticas y de defensa de los derechos humanos, representantes de la juventud luchadora, de las Madres de Mayo, etc., que investigue con luz y taquígrafos hasta el total esclarecimiento de los GAL y de todas las tramas paralelas.

 * La defensa de las libertades democráticas y por tanto, la derogación inmediata de la Ley Corcuera y la Ley Antiterrorista. 

* La depuración de todos los elementos fascistas del aparato del estado. 

* La abolición de los fondos reservados, que sólo han servido para encubrir el crimen y pagar sobresueldos a los altos funcionarios. 

* Encarcelamiento inmediato de los criminales Amedo y Domínguez, así como de todos los responsables policiales y políticos de los GAL. 

* Inmediata desmilitarización de la Guardia Civil y posterior disolución del cuerpo. Derechos sindicales plenos para los policías. 

* Libertades y derechos políticos y sindicales plenos para los soldados, así como el control obrero de las academias militares y de la policía. 

 El caso GAL como toda la trama del terrorismo de estado es un antecedente de lo que aparato del estado en manos de los capitalistas puede hacer contra sus enemigos. 

Igual que han matado a militantes abertzales, y también a gente que no ha tenido nada que ver con ETA, no les temblaría la mano a la hora de atentar contra dirigentes políticos y sindicales de la clase obrera sí sus intereses y privilegios estuvieran en juego. 

La guerra sucia contra el independentismo vasco provocó 69 muertos y más de 500 atentados entre 1975 y 1987. El primer atentado, realizado en 1975, en vida de Franco, fue reivindicado por ATE (Antiterrorismo ETA). 

En esta primera época, el terrorismo de estado, también, apareció con nombres como los GAE (Grupos Armados Españoles) o la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). 

A partir de 1980, el BVE (Batallón Vasco-Español) fue el que reivindicaba los atentados. Las víctimas eran refugiados políticos vascos, dirigentes de ETA, militantes abertzales o los familiares de todos ellos. 

Aunque desde el principio murieron gente que nada tenía que ver con ETA ni con su entorno. Por ejemplo, en 1979, una bomba colocada en el bar Aldana de Baracaldo mató a cuatro clientes. Este atentado fue reivindicado por los GAE. 

En Hendaya, el BVE ametralló a los clientes de un bar frecuentado por refugiados vascos, muriendo dos subditos franceses (hubo también nueve heridos). 

Relacionado con este caso, un alto jefe policial español, el comisario Manuel Ballesteros, fue acusado en dos ocasiones de prevaricación y condenado por denegación de auxilio a la justicia. 

Este comisario impidió la identificación y detención de tres individuos (que dijeron ser policías), que tras el atentado, cruzaron precipitadamente la frontera francesa en dirección al Estado español. Este último atentado al igual que otros muchos aún no ha sido aclarado. 

Aunque, la implicación de las fuerzas españolas de seguridad era más que evidente. 

Por ejemplo, en 1983, todavía bajo el Gobierno de UCD, tres geos (grupo de élite de la Policía) y el comisario Jesús Alfredo Gutiérrez fueron detenidos por la policía francesa y encarcelados en la prisión de Pau cuando intentaban secuestrar al refugiado político vasco José Mª Larretxea. 

Este fue un caso aislado. La inmensa mayoría de los policías o guardias civiles españoles que fueron detenidos en Francia con armas o documentación falsa eran liberados sin más explicaciones.

 Normalmente, los atentados se hacían en el sur de Francia, hasta que en 1979, los GAE asesinaron a Tomás Alba, consejal de Herri Batasuna, extendiendo el terrorismo de estado a Euskadi Sur. 

Hace 19 años que HB tiene su propio Gregorio Ordoñez. Ni que decir tiene que no se realizó ningún acto de protesta por el asesinato fuera de Euskadi. Con la llegada del PSOE al gobierno esta dinámica de guerra sucia sólo cambia de nombre. 

Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) asesinaron a 27 personas, ocho de las cuáles no tenían nada que ver con ETA, entre octubre de 1983 y julio de 1987, siendo el continuador del Batallón Vasco-Español de la época UCD. 

Entre las víctimas de los GAL se encuentra el parlamentario de HB Santi Brouard, uno de los representantes políticos vascos más votados. 

Los 69 asesinatos como consecuencia del terrorismo de estado entre 1975 y 1987 demuestra que la Constitución que tanto ama Anguita es sólo papel mojado. 

La prohibición explícita de la pena de muerte establecida en la Carta Magna no ha servido para detener la aplicación de la máxima pena, decidida sin jueces ni abogados en los despachos oficiales.

 La trama de los GAL demuestra que todavía falta mucho para considerar al Estado español como una democracia burguesa en el sentido tradicional del término. 

Aquí siguen existiendo fuertes elementos continuadores del franquismo, como la guerra sucia, las torturas, los recortes de derechos, la brutalidad policial, y en especial, la figura del bonaparte que nos dejo Franco como regalo envenenado para el futuro. 

La clase trabajadora y la juventud debe sacar la conclusión de que la lucha por la defensa de las libertades democráticas es permanente y nunca se agota. 

Hoy, la única garantía que tenemos para el futuro es el fortalecimiento de nuestras organizaciones, lo que implica la vuelta a la militancia activa con objeto de transformar los sindicatos y partidos obreros en auténticos instrumentos de lucha y transformación social.